Acción judicial pretende eliminar informaciones publicadas

Así sucede con un hábeas data planteado por Christopher Carson contra Mercedes Olivera, donde le solicita destruir y retirar una entrevista del portal web TVparaguaya.com.py.La entrevista al demandante fue publicada en diciembre de 2008, y en el 2010 el hábeas data fue presentado ante la jueza Penal de la Adolescencia Edith Coronel de Machado, alegando que "los videos atentan contra el derecho a la intimidad".

Sin embargo, la periodista Mercedes Olivera manifestó que la entrevista fue efectuada bajo el consentimiento del entrevistado Christopher Carson.

La magistrada ha solicitado informes sobre la entrevista efectuada a Christopher Carson, con el fin de analizar si se otorgará el pedido de destruir y borrar la publicación periodística.

La Constitución Nacional estipula en su artículo 26, de la Libertad de Expresión y de Prensa, que "garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa". Además añade que "toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines".

Al ser consultado sobre la situación que representa el hábeas data presentado para destruir y retirar una información de un medio periodístico -en este caso, una página web- el juez Tadeo Zarratea explicó que en estos casos una persona no puede alegar ignorar sus actos.

"Acá estamos hablando de la alegación de la torpeza propia y decimos que, por la teoría de los actos propios, nadie puede poner en entredicho o ignorar sus propios actos, sus propias palabras, su propias afirmaciones y aseveraciones o su propia narración del hecho; hacerlos significa declararse virtualmente insano. Por eso, la ley no admite que los litigantes aleguen en su defensa o en la defensa de sus derechos su propia torpeza o sus propios errores".

Ante esta acción constitucional, la Justicia podría dar una mano a las personas que no están de acuerdo con lo manifestado en su momento, publicado, y luego alegar que esto afecta a su intimidad.