05 de Julio de 2010 00:00

 

En audiencia preliminar debe darse

El fiscal Eduardo Cazenave planteó una reposición con apelación en subsidio, cuando el juez Pedro Darío Portillo le corrió traslado del incidente de nulidad absoluta de actuaciones en el proceso seguido al fiscal Gustavo Cáceres.

El agente del Ministerio Público señala que el incidente es propio de la audiencia preliminar, por lo cual deberá sustanciarse y resolverse en dicha etapa procesal.

“Los artículos 352 y 353, incisos 1 y 11 del Código Procesal Penal establecen que todas las cuestiones incidentales deben ser tratadas en la audiencia preliminar y más aún una cuestión como la planteada que en caso de ser favorable a las pretensiones de la defensa echaría por tierra toda la investigación fiscal”, repuso Cazenave.

Agregó al respecto: “Conforme la normativa legal citada precedentemente es en dicha etapa procesal donde deben estudiarse y resolverse todos los vicios formales del procedimiento; y establecerse el control efectivo por parte del juez penal por lo que tratar de resolver previamente cuestiones como la planteada desvirtuarían el espíritu de dicha audiencia que pasaría a convertirse en un simple trámite de elevación o no a juicio”.

El fiscal con la apelación en subsidio pretende que la Cámara de Apelaciones y en su defecto la misma Corte Suprema de Justicia sienten una postura al respecto, “para despejar todas las dudas sobre las actuaciones fiscales en investigaciones de anticorrupción”.

La investigación penal

El 16 de abril de este año, fueron allanados un estudio jurídico en Asunción y la Fiscalía Unidad Penal Nº 5 de Villarrica, a cargo de Gustavo Cáceres, ante la denuncia de un pedido de G. 10 millones a un hombre que poseía un vehículo “mau” y fue imputado por reducción.

El fiscal y los abogados David Venialgo Zárate y Gladis López fueron imputados luego por supuesta extorsión.

De acuerdo a la investigación, los tres integrarían una rosca para tomar casos relacionados a automóviles con cédula marrón para luego llegar a “arreglos”.

Los abogados supuestamente representaban a dos firmas aseguradoras del Brasil (Volkswagen) y luego de concretar los “arreglos” en nuestro país, remitían informes indicando que los vehículos en cuestión eran ya inservibles.

La denuncia fue de Arístides Irala, quien enfrentaba una causa por “reducción” con Cáceres, porque adquirió un auto Volkswagen tipo Gol modelo 2005, denunciado como robado en Brasil. Tras el operativo, se pudo grabar el pedido de dinero y se incautó una copia de desistimiento fiscal tirado en un basurero.

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