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Contradictoriamente, la fiscala María Soledad Machuca Vidal emitió un dictamen favorable a los abogados Fausto Portillo y Francisco González, quienes intentan cobrar unos G. 600 y G. 1.200 millones, respectivamente, en concepto de honorarios profesionales por juicios llevados adelante en contra de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, como representantes del Banco Central del Paraguay (BCP).
Ambos "letrados" asumieron los juicios en su carácter de funcionarios del BCP y como tales percibían un salario mensual, más gastos de representación.
Sin embargo, los abogados Portillo y González, además, ahora pretenden cobrar multimillonarios honorarios profesionales por sus trabajos.
El Banco Central del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional el pedido, por lo cual la CSJ trasladó el pedido al Ministerio Público para su dictamen. González cuenta incluso con otro caso en el cual ya percibió unos G. 1.000 millones en compañía del abogado José Mongelós, en un caso promovido ante el juez Hugo Bécker.
Sin embargo, la postura de la fiscalía disiente totalmente con la del BCP y de la Contraloría, argumentando a favor del pago.
Anualmente, miles de millones de guaraníes son cobrados por funcionarios públicos, que en su carácter de abogados "defienden" a sus instituciones en diversos casos. Según las normativas, a estos abogados no les está permitido regular honorarios en contra del sus instituciones representadas. Sin embargo, en todos los casos que históricamente se plantearon, lograron sentencias favorables a sus acciones.
Versiones no confirmadas hablan incluso de "roscas" integradas por abogados, fiscales, e incluso jueces, quienes una vez percibidos los multimillonarios honorarios se reparten las "ganancias".
Son de público conocimiento casos en entidades como Itaipú, o en quiebras judiciales, Fondo Ganadero, Copaco, BCP, BNF, entre muchos otros, en los que contra toda lógica y legalidad se procedió al pago.
En el caso que envuelve a los abogados Portillo y González, la fiscalía, en vez de iniciar una investigación por un delito (intento de doble cobro por parte de funcionarios públicos), no solo no lo inicia, sino que, por el contrario, recomienda el pago, quedando en manos de la Corte Suprema de Justicia enmendar la situación.
Ambos "letrados" asumieron los juicios en su carácter de funcionarios del BCP y como tales percibían un salario mensual, más gastos de representación.
Sin embargo, los abogados Portillo y González, además, ahora pretenden cobrar multimillonarios honorarios profesionales por sus trabajos.
El Banco Central del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional el pedido, por lo cual la CSJ trasladó el pedido al Ministerio Público para su dictamen. González cuenta incluso con otro caso en el cual ya percibió unos G. 1.000 millones en compañía del abogado José Mongelós, en un caso promovido ante el juez Hugo Bécker.
Sin embargo, la postura de la fiscalía disiente totalmente con la del BCP y de la Contraloría, argumentando a favor del pago.
Anualmente, miles de millones de guaraníes son cobrados por funcionarios públicos, que en su carácter de abogados "defienden" a sus instituciones en diversos casos. Según las normativas, a estos abogados no les está permitido regular honorarios en contra del sus instituciones representadas. Sin embargo, en todos los casos que históricamente se plantearon, lograron sentencias favorables a sus acciones.
Versiones no confirmadas hablan incluso de "roscas" integradas por abogados, fiscales, e incluso jueces, quienes una vez percibidos los multimillonarios honorarios se reparten las "ganancias".
Son de público conocimiento casos en entidades como Itaipú, o en quiebras judiciales, Fondo Ganadero, Copaco, BCP, BNF, entre muchos otros, en los que contra toda lógica y legalidad se procedió al pago.
En el caso que envuelve a los abogados Portillo y González, la fiscalía, en vez de iniciar una investigación por un delito (intento de doble cobro por parte de funcionarios públicos), no solo no lo inicia, sino que, por el contrario, recomienda el pago, quedando en manos de la Corte Suprema de Justicia enmendar la situación.