Universitarios exigen el retiro del proyecto de ley de educación superior

La normativa, de ser aprobada, atentaría contra el derecho constitucional a recibir formación de calidad, según señalan los representantes del movimiento."Así como ha sido planteado, el proyecto no puede servir de base para una discusión sobre una reforma universitaria porque atenta contra el derecho a la educación, y una educación de calidad", señaló Cecilia Vuyk, representante del Movimiento de Articulación Social por la Educación.

La joven añadió que solo si el proyecto es retirado se puede garantizar que el debate para la regulación de la educación sea amplio, participativo y democrático, y sobre todo que pueda beneficiar a la sociedad y no a un grupo de  interesados en hacer de la educación superior un negocio lucrativo.

"Este proyecto no solamente no propone soluciones, sino que busca legalizar el desorden que ya impera en las universidades", dijo.   

Sostuvo que el proyecto de ley, de ser aprobado, resolverá  el único inconveniente que tienen los empresarios de la educación superior, que es la acreditación de sus universidades. En efecto, el proyecto de la bicameral permite la creación de agencias privadas de evaluación, en las cuales se delegará la atribución estatal de evaluar la calidad de la formación que ofrecen las instituciones de educación superior.   

Esquemas autoritarios  

De acuerdo con el movimiento el proyecto de ley no contribuye al desarrollo del país, sino que  legaliza esquemas autoritarios. En ese sentido el documento establece la creación de un consejo con amplias facultades sobre las universidades e institutos de formación superior –de habilitación, intervención y cierre– que estará integrado también por representantes parlamentarios.   

Objeciones  

Además de la creación de un consejo con poderes absolutos sobre las universidades, el proyecto también plantea la supresión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), y la creación de otro organismo en su lugar: la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Anaces).

La diferencia entre uno y otro  es que mientras la actual Aneaes exige que la universidad cuya carrera debe ser acreditada   tenga al menos una promoción de egresados, este requisito no es imprescindible para otorgar acreditación por la Anaces, puesto que sus criterios de evaluación son mucho más flexibles.

Por último, el proyecto de ley les otorga autonomía a los institutos superiores que carecen de ella, según la propia Constitución Nacional.

De acuerdo con los  entendidos el artículo que refiere a la autonomía de los institutos superiores fue incorporado al proyecto de ley para despojar al Ministerio de Educación, y por tanto al Estado, de la responsabilidad y la atribución de controlar a estas instituciones.