¿Qué hay detrás de la reglamentación del Art. 42 de la Ley “Forestal”?

Posteado por Carlos Riquelme el 13-10-2017

El Art. 42 de la Ley 422/73 “Forestal”, menciona explícitamente que “Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio”.

/ ABC Color

Ante el controvertido artículo expuesto, buena parte de la ciudadanía se pregunta ¿por qué reglamentar lo que está clara y distintamente expuesto? Conforme a la reflexión que hace el profesor Ricardo Merlo respecto a la ilegalidad contenida en el decreto 7702/17 de la Ley “Forestal” (puede verse íntegro en la web de WWF, py), éste destacado abogado menciona que “El texto de la Ley 422/73 “Forestal” es claro y no deja lugar a dudas, existe una obligación a partir de su entrada en vigencia para las propiedades mayores de 20 hectáreas en zonas forestales de mantener el 25% de los bosques, por lo cual la obligación consecuente para quienes no la satisfacen es de recomponer los bosques nativos, cualquier otra interpretación es contraria a la ley y a los postulados constitucionales”.

Consecuentemente con esta transparencia del artículo 42 de la Ley, ésta simplemente invita a ser asumida, sin más, de ahí que ¿por qué buscarle la quinta pata al gato?, ¿qué hay detrás de los varios intentos de reglamentar el mencionado artículo, decretos Nº 7031 (17 de abril de 2017), 7152 (22 de mayo de 2017), y 7674 (4 de setiembre de 2017)?, estos intentos da pie para pensar, cierta lógica en la búsqueda reglamentaria, “como no se ha dado en el clavo, para ajustar a la medida de los requerimientos, sigamos buscando martillando”, lamentablemente el Decreto 7702/17 no es la reglamentación más oportuna. Ricardo Merlo da razones suficientes por la que el cuestionado Decreto no solo es inviable, sino además inaplicable, una de ellas y la más fundamental, al decir de Merlo, es porque el Decreto es anticonstitucional, es decir va a contramano del Art. 7 de nuestra Carta Magna, leamos: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente”.
La consideración final que se puede hacer entraña una cuestión eminentemente ética: Si tumbamos todos nuestros árboles, o si suplantamos nuestros recursos forestales por especies foráneas, ¿qué futuro depara a las generaciones a quienes tenemos la responsabilidad de transferir una sociedad mejorada?

 

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