Nacionalización del transporte público de pasajeros

Posteado por Eduardo "Coco" Arce el 27-02-2013

Los empresarios servicio público del transporte de pasajeros en Asunción y Área Metropolitana, sostienen que “trabajan a pérdida” por lo que exigen aumentar el precio del pasaje o subir el monto del subsidio que reciben del Estado. Para lograr tal objetivo decidieron realizar un paro de actividades. Desde aquí expreso mi indignación por la medida y mi repudio a ese sector empresarial que se burla impunemente de la población.

Es el pueblo pobre el que se traslada en transporte público, sufriendo día tras día su pésimo e insuficiente servicio, con unidades que son chatarras, muchas de ellas con problemas mecánicos que, en más de una ocasión, dejan a los usuarios a mitad de camino.
 
Los empresarios que tienen la concesión para la explotación de este servicio público son los que actualmente están amenazando con un paro con el objetivo de conseguir aumento del costo del pasaje o en su defecto, aumento del subsidio estatal.
 
Estos empresarios que ganan cientos de miles de millones de guaraníes al año –y mienten sin vergüenza alguna diciendo que trabajan “a pérdida”-, son los que estafan al Estado, pues deben al Banco Nacional de Fomento alrededor de 80 millones de dólares y cobran el subsidio estatal por sus chatarras que deberían estar fuera de circulación.
 
Además, superexplotan a los trabajadores del transporte a quienes les obligan a trabajar más de ocho horas por día, teniendo que conducir, a la par que cobran el pasaje, lo cual viola leyes de tránsito, y ni siquiera les pagan IPS. Para lograr esta bestialidad persiguen y despiden a los dirigentes sindicales y violan el derecho de organización y la libertad de sindicación.
 
La indignación sube de tono al escuchar y leer las posiciones de los empresarios que, burlándose de la población, piden en forma irónica que el pasaje suba a 5.000 guaraníes si se pretende un servicio digno.
 
No podemos estar ajenos a la preocupación de los compañeros choferes por la posible pérdida de los puestos de trabajo de centenares de trabajadores que quedarán desempleados al sacarse de circulación los vehículos de más de 20 años de uso.
 
Este es uno de los puntos de la huelga de choferes convocada por la Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT). También exigen el respeto de las ocho horas y el pago del seguro social.
 
Nosotros expresamos nuestro apoyo a estas reivindicaciones. Sin embargo llama poderosamente la tención y no podemos dejar de resaltar que la medida convocada por los trabajadores del Transporte se presenta en un marco contradictorio pues en los hechos, apoya la convocatoria al paro resuelto por la patronal por intereses que son ajenos a los trabajadores.
 
Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos que el transporte público debe ser considerado clave para el
desarrollo económico y social. El pueblo necesita movilizarse, ir a sus trabajos, a sus lugares de estudio, realizar la
gestión que necesite o salir a disfrutar de momentos de esparcimiento con su familia y regresar a casa lo más rápido y
seguro posible, sin temor de perder la vida en el camino.
 
En nuestro país, y desde hace mucho tiempo, este servicio está explotado por el sector privado y es el ejemplo más
claro de cómo funcionan los servicios públicos en manos privadas: un desastre para el pueblo trabajador que paga un
servicio caro y deficiente, mientras que para el empresariado privado significa multimillonarias ganancias.
 
Para el Partido de los Trabajadores, la única salida a este crónico y agudo problema es la nacionalización del transporte público de pasajeros; garantizar 24 horas del servicio de calidad para la población; que el pasaje sea gratuito para estudiantes de la primaria, secundaria y la universidad, así como para los adultos mayores de la tercera edad. Respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros. Eliminación de la SETAMA y que la
 
DINATRAN pase a ser una dirección del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
 
Estas medidas se podrán llevar a la práctica sólo desde un gobierno que no tenga vínculos económicos ni de clase con el empresariado y, por lo tanto, que no defienda sus intereses. Ese es el gobierno obrero, campesino y popular que propugna el Partido de los Trabajadores.
 

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