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El 10 de octubre de 2014, un confuso incidente en el área habitacional de la Aduana de Ciudad del Este terminó con la vida de Robert Barúa Sosa (28 años), quien supuestamente se desempeñaba como secretario de Francisco Pérez Fernández, en ese entonces jefe de Resguardo de la Aduana de la capital del Alto Paraná. En efecto, Pérez Fernández apareció como el principal responsable de la muerte del joven. La fiscalía de Ciudad del Este lo acusó por homicidio doloso y violación a la ley de armas. El funcionario dijo en su momento que fue un accidente; estaba manipulando una pistola 9 milímetros que supuestamente cayó, se disparó y terminó por darle un balazo en la cabeza a su secretario, quien murió al instante.
En ese entonces se tejieron varias versiones sobre lo que realmente ocurrió en dicho incidente. En primer lugar, la situación de Barúa Sosa. El joven nunca fue funcionario aduanero, pero trabajaba en la institución como secretario, a cargo de Pérez Fernández. El día que Barúa Sosa recibió el disparo, ambos estaban cargando mercaderías en la camioneta del ahora nuevo subjefe de Resguardo del Silvio Pettirossi, en zona primaria, considerada área que solo admitía el acceso a funcionarios aduaneros.
El Juzgado de Alto Paraná –a cargo de Teresita Cazal– determinó la prisión del aduanero, teniendo en cuenta que su declaración no fue convincente y algunas pruebas que tenía la fiscalía contradecía lo que en principio manifestó el funcionario.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones integrada por Guido Melgarejo, Lorenzo Rodríguez y Marta Acosta (votó en disidencia) rechazó la orden del Juzgado y, junto con la resolución de la jueza Norma Gamarra, Pérez Fernández quedó en libertad el 23 de diciembre de 2014. Luego, la Fiscalía anunció que plantearía ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de las resoluciones, tanto de la cámara como de la jueza Gamarra.
Según fuentes judiciales, el aduanero habría llegado a un acuerdo con la familia del fallecido para levantar la querella, lo que ayudó a lograr su sobreseimiento en la causa.
A pesar de estos antecedentes muy cercanos, en Aduanas vuelven a ubicarlo en un puesto importante. Además de Pérez Fernández, el director aduanero ordenó varias movidas, según la Res. Nº 321 del 22 de mayo último. Por ejemplo, Carlos A. Medina, exadministrador de Aduana capital y quien sobreseyó a la firma Tche SA (de Marcelo y Mauricio Machado) que ingresó carga de agrotóxicos de contrabando valuado en US$ 500.000, fue designado como técnico en zona regional de Central.