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La DNA actúa como cómplice de la ANNP en el cobro "por servicio fantasma" (no prestado) de US$ 50 por cada conocimiento de embarque tramitado. Sería un cobro político que se efectúa a través del sistema Sofía y el dinero (más de US$ 100.000 mensuales) llega a la ANNP a través del Centro de Despachantes de Aduanas.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de su titular el ex fiscal Javier Contreras, guarda un sugestivo silencio sobre el caso del cobro indebido, hora denominado "tasa de intervención aduanera" (ver reprod.).
El ilegal cobro es efectuado por la DNA y transferido a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a través de cheques del Centro de Despachantes de Aduanas. Se desconoce el destino del dinero.
El cobro ilegal es de 50 dólares por cada conocimiento de embarque presentado y es aplicado principalmente a los despachos originados en el puerto chileno de Iquique, que por ser privado, no tiene zona franca paraguaya y, por lo tanto, no existen funcionarios de la ANNP que puedan prestar servicio alguno. El cobro compulsivo es efectivizado por la DNA una vez que la mercadería es desembarcada en los puertos de entrada ya en territorio paraguayo.
La exigencia ilegal afecta a los transportistas nucleados en la Agetrapar y, principalmente, a aquellos que transportan, en camiones cigüeñas, vehículos usados ingresados vía Iquique.
Como cada camión de este tipo carga hasta 12 vehículos, y casi siempre los rodados usados son importados por personas diferentes, la recaudación rondaría a más de 500 dólares por camión cigüeña. Teniendo en cuenta que semanalmente entre 60 y 80 transportes de este tito salen de Iquique con destino a nuestro país, la recaudación en su conjunto supera los 100.000 dólares mensuales.
Los transportistas denunciaron que este hecho es "una vulgar estafa con trasfondo político que beneficia a los amigos del gobierno", ya que durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos era botín de seccionaleros, mientras que actualmente va a parar (gracias a la triangulación entre la DNA, el centro de despachantes y la ANNP) a manos de la cúpula de Puertos, que es encabezada por el político liberal Albino González.
Albino González integra la línea partidaria del titular del MOPC, Efraín Alegre, su jefe inmediato, motivo por el cual disfruta de una suerte de pararrayos que le protege en su cuestionado desempeño.
Complicidad
Desde el 2005, todos los titulares de Aduanas, incluyéndole a Margarita Díaz de Vivar, Carlos Vidal Ríos y el actual Javier Contreras, estaban en conocimiento del citado cobro ilegal, por las reiteradas denuncias presentadas por los transportistas nucleados en Agetrapar. La última data de enero pasado, por el cual el actual titular de la DNA tuvo suficiente tiempo (tres meses) para tomar acción y poner fin al citado cobro, pero a la fecha continúa la recaudación "política". Ayer tratamos en vano de comunicarnos con el director general de aduanas, Javier Contreras, para obtener su versión, pero no contestó a ninguna de nuestras llamadas efectuadas a su teléfono celular.
Tampoco respondió a los mensajes que le fueron dejados en dicho aparato, en los cuales se le mencionaba el objeto de las fallidas consultas.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de su titular el ex fiscal Javier Contreras, guarda un sugestivo silencio sobre el caso del cobro indebido, hora denominado "tasa de intervención aduanera" (ver reprod.).
El ilegal cobro es efectuado por la DNA y transferido a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a través de cheques del Centro de Despachantes de Aduanas. Se desconoce el destino del dinero.
El cobro ilegal es de 50 dólares por cada conocimiento de embarque presentado y es aplicado principalmente a los despachos originados en el puerto chileno de Iquique, que por ser privado, no tiene zona franca paraguaya y, por lo tanto, no existen funcionarios de la ANNP que puedan prestar servicio alguno. El cobro compulsivo es efectivizado por la DNA una vez que la mercadería es desembarcada en los puertos de entrada ya en territorio paraguayo.
La exigencia ilegal afecta a los transportistas nucleados en la Agetrapar y, principalmente, a aquellos que transportan, en camiones cigüeñas, vehículos usados ingresados vía Iquique.
Como cada camión de este tipo carga hasta 12 vehículos, y casi siempre los rodados usados son importados por personas diferentes, la recaudación rondaría a más de 500 dólares por camión cigüeña. Teniendo en cuenta que semanalmente entre 60 y 80 transportes de este tito salen de Iquique con destino a nuestro país, la recaudación en su conjunto supera los 100.000 dólares mensuales.
Los transportistas denunciaron que este hecho es "una vulgar estafa con trasfondo político que beneficia a los amigos del gobierno", ya que durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos era botín de seccionaleros, mientras que actualmente va a parar (gracias a la triangulación entre la DNA, el centro de despachantes y la ANNP) a manos de la cúpula de Puertos, que es encabezada por el político liberal Albino González.
Albino González integra la línea partidaria del titular del MOPC, Efraín Alegre, su jefe inmediato, motivo por el cual disfruta de una suerte de pararrayos que le protege en su cuestionado desempeño.
Complicidad
Desde el 2005, todos los titulares de Aduanas, incluyéndole a Margarita Díaz de Vivar, Carlos Vidal Ríos y el actual Javier Contreras, estaban en conocimiento del citado cobro ilegal, por las reiteradas denuncias presentadas por los transportistas nucleados en Agetrapar. La última data de enero pasado, por el cual el actual titular de la DNA tuvo suficiente tiempo (tres meses) para tomar acción y poner fin al citado cobro, pero a la fecha continúa la recaudación "política". Ayer tratamos en vano de comunicarnos con el director general de aduanas, Javier Contreras, para obtener su versión, pero no contestó a ninguna de nuestras llamadas efectuadas a su teléfono celular.
Tampoco respondió a los mensajes que le fueron dejados en dicho aparato, en los cuales se le mencionaba el objeto de las fallidas consultas.