Alertan sobre confiscación de tierras

Dos empresas propietarias de tierras del Chaco accionan contra un artículo de la Ley N° 5194/14, de expropiación, que creen es inconstitucional. Alertan que como no hubo previo pago de una justa indemnización, garantizado por la Constitución, se estarían enfrentando a un caso de confiscación, que viola derechos de propiedad privada.

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Luego de 30 años de haber adquirido tierras chaqueñas, las empresas Rosswel Company SA y Kansol SA fueron afectadas el año pasado por la Ley Nº 5194, que expropió 14.404 hectáreas ubicadas en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, pertenecientes a ambas firmas.

El representante de las compañías, Dr. Modesto Guggiari, afirmó ayer, durante una visita a nuestro diario, que esa ley no quedó perfeccionada, porque falta el previo pago de la justa indemnización, garantizada por la Constitución Nacional.

El Art. 109 de nuestra Carta Magna señala que “la propiedad privada es inviolable”. También: “Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley, que garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria”.

Al respecto, Guggiari señaló que en este caso no se trata de un latifundio improductivo; al contrario, son tierras en las que las empresas venían produciendo desde hace tres décadas. Vale decir, se necesita el previo pago para finiquitar efectivamente la expropiación.

Pero, además, cuestionó el Art. 3 de la ley de expropiación que, por un lado, establece la indemnización al propietario de los inmuebles, “de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Constitución Nacional”, pero después agrega que será en base a un avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. “Ese artículo es inconstitucional, porque el precio debe ser establecido de común acuerdo o bien, por sentencia judicial y no por el MOPC”, aseveró.

Añadió que, por ese motivo, accionaron ante la Corte Suprema de Justicia contra la citada ley y que esperan el fallo correspondiente.

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