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Una de las irregularidades más graves detectadas después del cambio de gobierno dentro de Petropar fue la abultada deuda de unos G. 130.000 millones que tenían algunas operadoras de estaciones de servicios que trabajan con el emblema de la estatal.
A los operadores, pese a no pagar, le habían seguido suministrando igual, con lo cual la deuda se incrementó mucho, en muchos casos sin una póliza que garantice efectivamente el cobro.
En la lista de morosos figuraba el presidente de una seccional colorada de Fernando de la Mora, Víctor Molas, con más de G. 3.000 millones, y José María Silva, propietario de Tacuara SA, con una deuda superior a G. 12.000 millones, así como Fernando Ramos Vera, propietario de Buenaventura SA, con otra cuenta de más de G. 6.000 millones.
Otras operadoras de estaciones bicicleteaban sus deudas pagando con cheques adelantados o peor aún, sin fondos, como fue el caso de Raquel Laterra, con una deuda de más de G. 1.500 millones. Algunos de los morosos acordaron con la nueva administración un sistema de cancelación de deuda, mientras que otros fueron denunciados ante el Ministerio Público por estafa y daño patrimonial.
Ni bien empezaron a saltar estos casos considerados hechos de corrupción dentro de la institución pública, los operadores contrataron al abogado Luis Villamayor para denunciar a Patricia Samudio, nueva titular de la estatal, por vender combustible al asesor del presidente Mario Abdo Benítez, Conrado Hoeckle, unos días antes de elevar el precio del diésel. También la denunciaron por transferir fondos de la estatal del Banco Nacional de Fomento (FNF) a bancos privados, un hecho que después se supo, no había ocurrido.
Uso ilegal de software
La siguiente denuncia radicada ante Fiscalía por la actual administración se relaciona al caso de la instalación de un sistema informático “Oliux Flex” de la empresa Go Paraguay, en el que se cargaron datos de facturas de créditos, notas de créditos, comprobantes de retención y recibos, que posteriormente “desaparecieron”. La firma fue contrada sin licitación ni concurso. Esta y otras anomalías constan en un informe de auditoría interna de la estatal.
No aplicaban intereses
En agosto, cuando se destapó la deuda de G. 130.000 millones de los operadores, también se supo de la falta de aplicación de intereses por mora. Por este detalle administrativo, Petropar dejó de ingresar G. 6.000 millones, según informe de agosto de Contraloría. Los empresarios no pagaban a los 30 días por el producto e igual seguían retirando en connivencia con autoridades de turno.
Acusaciones cruzadas
Mientras las autoridades de Petropar presentaban denuncias documentales ante la fiscalía relacionadas con las anomalías detectadas, entre ellas la entrega de combustibles a operadores morosos, los exadministradores y operadores de estaciones de servicios con emblema de la estatal se defendían anunciando una contrademanda, pero esto no se ha concretado.
Uso ilegal de sistema
Bajo el gobierno de Horacio Cartes y durante la gestión de Eddie Jara, los altos funcionarios de Petropar utilizaron un sistema informático que provocó la pérdida de datos sensibles de la institución estatal. La administración entrante tuvo que recurrir a los papeles y otros métodos para recuperar los datos perdidos que guardaban relación con las operaciones financieras.