Bancos piden previsibilidad y aplicación gradual de ley

Una delegación de técnicos y directivos de la banca matriz, encabezada por su titular Carlos Fernández V., acudió ayer al Senado para presentar el proyecto de modificación de la Ley 861/96 de bancos y financieras en audiencia pública. También asistieron el ministro de Hacienda, Santiago Peña; directivos de entidades bancarias, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y miembros de las comisiones de Hacienda y de Legislación.

Estas propuestas de actualización legal buscan, entre otros puntos, dotar de mayor autonomía a la institución reguladora. Empero, también hay una contrapropuesta que presentará la próxima semana la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que busca frenar algunas pretensiones de la entidad monetaria.

“Sería un hecho histórico que se establezca una nueva legislación bancaria en tiempos de estabilidad y no en tiempos de crisis financiera. Las leyes que hoy rigen son el más claro ejemplo de leyes que se hicieron solamente por la premura de una crisis”, dijo el titular de la banca matriz, Carlos Fernández V.

Uno de los puntos cuestionados por el sector bancario es el artículo 43º, que contiene la forma de cálculo del patrimonio efectivo.

La propuesta establece que el patrimonio efectivo se determinará conforme a las normas reglamentarias dictadas por el Banco Central del Paraguay, dejando al arbitrio total de la entidad monetaria su determinación. Roberto Haitter, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay, sostuvo que este artículo genera dudas y no permite tener una claridad y previsión de las intenciones del Banco Central.

Gustavo Cartes, del Banco Sudameris, sostuvo que la actualización de las leyes bancarias es necesaria y que acompaña la iniciativa de la entidad monetaria. No obstante, agregó que hay cuestionamientos en cuanto a los parámetros y plazos para la adecuación que no están bien establecidos en el proyecto. “Sabemos que la norma es importante, realmente es necesaria para que esté acorde con otros sistemas financieros, pero necesitamos plazos para cumplir con la norma”, acotó.

Las entidades bancarias cuestionan principalmente la atribución que tendrá el ente regulador para determinar los índices de solvencia, además del requerimiento de aprobación de las personas que ocuparán cargos directivos y gerenciales en las entidades financieras.

Temen que en el futuro permita que personas sin formación técnica ocupen el directorio del BCP y se les dé libertad de dictar normas y cambiar las reglas a través de simples resoluciones.