Francisco González había reclamado el pago de honorarios profesionales al Banco Central del Paraguay (BCP) tras representar a la autoridad monetaria en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) en su calidad de funcionario público y abogado. Para ejercer esta representación, el mismo había cobrado un plus salarial del BCP durante su época de funcionario.
En otras palabras, el exfuncionario cobrará dos veces por el mismo trabajo, pero esta vez, por resoluciones judiciales, la suma será sideral.
El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno, Hugo Bécker, había dispuesto el pago de los honorarios, pese a las claras disposiciones en contrario contenidas en el Art. 12 de la Ley 1376/88 y al Art. 105 de la Constitución Nacional. A fin de evitar el pago de la altísima suma reclamada (3.183 millones, 396.688 guaraníes) la Procuraduría General de la República promovió una acción autónoma de nulidad.
La jueza ante quien se tramitó la demanda había ordenado la suspensión de todo pago como medida cautelar. Sin embargo, la misma fue recusada por el abogado Francisco González.
Enorme despojo
El Estado pudo evitar el enorme despojo de su patrimonio a través de la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el día 17 de este mes, sin mayores preámbulos, la jueza Julia Alonso concede una nueva medida cautelar a Francisco González, ordenando el depósito de la suma reclamada en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La jueza ignoró directamente la medida cautelar anterior dictada en el mismo juicio, que aún sigue vigente, pues la misma no se ha revocado.
Inclusión en el presupuesto
Curiosamente, la suma reclamada por el abogado Francisco González fue incluida en el presupuesto del BCP, pese a que no figuraba en el anteproyecto que elaboraron las autoridades de la institución monetaria.
Los recursos fueron incluidos por legisladores en el momento de tratar el Presupuesto General de la Nación para este ejercicio, a espaldas del BCP.
Más de 3.000 millones
* La irregular medida cautelar dictada tiene como fin extorsionar y coaccionar al pago de los honorarios a Francisco González, de 3.183 millones 396.688 guaraníes.
* En caso de que se rehúse el pago, las autoridades monetarias se verían denunciadas ante la fiscalía por desacato.
* En caso de darse esto último, las autoridades nacionales que tienen como objeto supervisar la estabilidad del sistema financiero y de la moneda se encontrarían sometidas a un proceso penal, con el consiguiente desprestigio del país ante los acreedores internacionales (tenedores de bonos), las entidades de crédito internacionales, etc.