Cardozo intenta esquivar los mandatos de la ley

Para que se diese la posible impunidad, la Contraloría General de la República ya dio su aporte con un informe claramente tendencioso a favor de los acusados. En la conclusión del dictamen, la Contraloría dice que la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas (Fenapropfh) entregó maquinaria y equipos a los comités, pero que no se podía identificar convenientemente el valor de los mismos, por lo que no se ha podido comprobar si el monto de las transferencias hechas por el MAG y recibidas por la Fenapropfh corresponde efectivamente a lo declarado. No obstante esta observación trascendente, el organismo que debería ser contralor dice: “En opinión de la Contraloría General de la República, excepto por las salvedades enumeradas expuestas más arriba, los estados financieros referidos presentan, razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Ley Nº 1535/99 y su decreto reglamentario, la Ley Nº 4581/11 y demás normas aplicables”.

O sea, la Contraloría General de la República no pudo identificar el valor de las máquinas y de los demás equipos, pero expresa que los estados financieros “presentan, razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG”. ¿Y las máquinas y demás equipos no son “aspectos importantes”? ¿Qué es importante, entonces, para la Contraloría? Si no pudo identificar el valor de las máquinas, es posible que tampoco haya identificado las máquinas. Pero este aspecto, de suma importancia, no lo fue para la Contraloría que solo quiso llegar a la conclusión de la razonable situación financiera del MAG.

Pero hay más: para confeccionar el mencionado documento, los funcionarios de la Contraloría no pudieron hacer peor el trabajo. De 193 comités visitaron uno solo, es el denominado “Nueva Esperanza” de la compañía Quinta Línea de Repatriación, Caaguazú. Entrevistaron al presidente, Prisciliano Jara; César Aranda, tesorero, y Juan Carlos Bogado, secretario. Esta entrevista, que debería ser de investigación, los funcionarios de la Contraloría se hicieron acompañar por Lidio Irala, vicepresidente de la Fenapropfh, la ONG investigada.

Hay más, este señor Irala –de acuerdo con las autoridades del comité “Nueva Esperanza”– es el que dictaba a los funcionarios lo que tenían que escribir en el acta.

La fiscala Criscioni, con el informe de la Contraloría en su poder, hizo lo que tenía que hacer: entrevistar a los entrevistados. El secretario del comité, Juan Carlos Bogado, confirmó que fueron visitados por funcionarios de la Contraloría, ocasión en que se les preguntó por los insumos que habrían recibido del titular de la Fenapropfh, Silvio Riveros. Cuando se les preguntó qué cantidad de dinero recibieron, intervino Irala para expresar que no se acordaba en ese momento, pero que luego les iba a proporcionar lo requerido. Esta respuesta sirvió, entre otros temas, para confeccionar el acta que, de acuerdo con los dirigentes campesinos, se les hizo firmar sin que se les leyera previamente.

Prisciliano Jara, presidente del comité, dijo a la fiscalía que si bien habían accedido a los insumos proveídos por la Fenapropfh que fueron por valor de 260 millones de guaraníes y no de 614 millones como figuraba en la auditoría del MAG.

Silvio Riveros visitaba las zonas agrícolas con su proyecto de organizar comités de entre 10 y 12 socios. Les entusiasmaba con la idea de que con ese medio conseguirían el dinero y los insumos necesarios que el MAG, a través de él, Silvio Riveros, les proporcionaría “para salir de la pobreza”. Les hacía firmar el proyecto que variaba entre 250 y 450 millones de guaraníes, a veces mucho más. De esta suma, los campesinos recibían –si recibían– una pequeña parte.

En noviembre de 2013, el tesorero y el presidente de “Nueva Esperanza” hacen saber por nota a la gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Caaguazú, Ing. Nilda B. González, que “hace aproximadamente un año, en la compañía San Antonio, del distrito de Coronel Oviedo, Caaguazú, se realizó un evento de firmas de Proyectos Productivos organizado por la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay (Fenapropfh) (...), el motivo de la invitación a nuestra organización fue la promesa por parte de la Fenapropfh de los 26 socios de nuestra organización serían beneficiarios de la instalación de invernaderos. Con la esperanza de que la ejecución del citado proyecto (con un total de 10 hojas) y sin haber recibido copias de las mismas. Además, los directivos de la Fenapropfh manifestaron que se desembolsaría en cuenta corriente del banco para la ejecución del proyecto mencionado, de los cuales se recibieron 255.000.000. Dicho valor se recibió en insumos de muy mala calidad. Luego de una auditoría se dieron cuenta los representantes del comité que firmaron por un monto de 614.000.000 (seiscientos catorce millones de guaraníes)”.

A continuación, los firmantes de la nota aclaran que se apresuraron en poner los hechos a conocimiento de la nombrada funcionaria ante la investigación judicial iniciada para aclarar las muchas denuncias contra la Fenapropfh.

El comité “Nueva Esperanza” aclara también que no se ha construido ni un solo invernadero como se les ha prometido y que figuraban en el presupuesto que se les hizo firmar.

La fiscala Claudia Criscioni, con una rigurosa investigación, sacó a luz la maniobra montada para estafar al Estado y a miles de pequeños productores que, según lo confiesan, han tenido la ingenuidad de firmar documentos que luego resultaron ser falsos o instrumentos para el robo.

Tenemos que de un solo comité, “Nueva Esperanza” de Repatriación, la Fenapropfh se alzó con casi 400 millones de guaraníes con el cuento de que iban a construir invernaderos.

¿Es creíble que el exministro Enzo Cardozo nada sabía sobre estos y muchos otros casos? ¿Cómo es que firmaba transferencias a montones sin averiguar cómo se estaba utilizando el dinero público? ¿Transfirió casi 70.000 millones de guaraníes, a una sola entidad, y no le interesaba saber cómo se utilizaba semejante suma? ¿Nunca se interesó en revisar las documentaciones que, a manera de “rendición de cuenta” le acercaban Silvio Riveros y Lidio Irala? ¿Recién con la investigación periodística y de la fiscalía se entera de lo que pasaba en la institución a su cargo?

Los documentos que la fiscalía ha sacado a luz son tantos y contundentes que se entiende que Enzo Cardozo, aparte del caso a Claudia Criscioni y la amenace con llevarla al Jurado de Enjuiciamiento.

Mañana: La ingeniería para delinquir.