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El pasado 7 de octubre de 2014, la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni incautó un cargamento de 4.600 kilos de benzoato de emamectina al 36%, –producto que con este rango está prohibido importar– que ingresó de manera ilegal, en cajas correspondientes a glifosato, en un procedimiento realizado en el Puerto de Villeta.
El cargamento llegó al país a nombre de la firma “Tche SA”, de los hermanos brasileños Mauricio y Marcelo Machado. Como representantes legales de la importadora se presentaron los abogados Diego González Arrúa y Aldo Bacchetta. Este último, hijo del senador colorado Enrique Bacchetta.
A pesar de las claras evidencias que demostraron el ingreso ilegal de este producto prohibido, en plena intervención fiscal, la Aduana resolvió sobreseer a la firma Tche SA y devolverle el cargamento para su reembarque al país de origen, que es China.
De acuerdo con los antecedentes, el entonces administrador de la Aduana Central Capital, Carlos Alfredo Medina, sobreseyó a la firma y devolvió el cargamento incautado. Supuestamente, la importadora demostró con documentos –un papel sin ningún sustento legal– que la proveedora china reconoció que se “equivocó” al cargar el benzoato en cajas que correspondían a glifosato.
A su vez, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (Senave) se adhirió a lo resuelto por la Aduana, decidió devolver la carga para reexportarla, pero “multó” a la importadora con G. 68 millones.
Ayer, Luis López Villalba, quien asumió hace dos semanas como nuevo administrador de Villeta, en reemplazo de Fernando Machuca Corvalán –quien al igual que Carlos Medina, fueron cambiados tras este escándalo de los agrotóxicos– comentó que la carga sigue retenida a cargo de la ANNP, porque la Aduana no recibió hasta ahora ninguna orden fiscal para definitivamente reembarcar el cargamento a su país de origen.