Concesionarias prometen habilitar más centros de inspección vehicular

La Cámara Paraguaya Verificadora de Automotores (Capavea) promete habilitar más centros de inspección (ahora hay 19). Las firmas pretenden operar a partir de enero de 2013 según proyecto de ley que apoya Opaci. Este proyecto también viola la Constitución, si se tiene en cuenta el fallo de la Corte Suprema sobre Ley 3850/09.

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El proyecto señala que los contratos firmados, en mayo de 2011, por socios de Capavea y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) se extenderán de cinco a diez años. A cambio, la gente se beneficiará con la reducción de la tarifa de los CITV hasta un 50%.

El proyecto fue rechazado en agosto por la Cámara de Senadores, pero en octubre la de Diputados se ratificó. La Cámara Alta se expedirá, en segunda vuelta, el 13 de diciembre.

El presidente de Capavea, José Luis Cardona (de Coarco SA), aseguró que las empresas desean trabajar y no demandar al Estado, que será el “último recurso” si el proyecto no llegara a promulgarse. El gremio espera que Dinatran lance otra licitación para instalar más CITV, según el plan. Mientras tanto, y en forma anticipada, Capavea firmó el 13 de noviembre un convenio privado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal para “municipalizar” el sistema de inspección técnica.

Mediante el convenio, las empresas reconocen la autonomía de las comunas para gerenciar la ITV. No obstante, Cardona dice que el sistema no funcionará en forma eficaz sin una ley. Esta misma opinión comparten los demás socios de Capavea, Rubén Montiel, de ACA SA; Roberto y Enrique Palermo, de Roberto Palermo SA.

Manifestaron que si los CITV no son regulados por el Estado será un caos porque la mayoría de las más de 200 comunas querrá regular el sistema de acuerdo a sus intereses.

Recordamos que, por A.I. 749 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió que son inconstitucionales varios artículos de la Ley 3850, según presentación de la Comuna de Asunción. Cardona señaló que aunque otras 129 comunas obtuvieran la misma resolución que favoreció a Asunción, la Ley 3850/09 seguirá vigente en el resto de las comunas porque el fallo solo favorecerá a las que accionaron. Defiende la tesis de que la ciudadanía estará obligada a acatar la ley aunque la Corte favoreciera a todas las municipalidades.

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