04 de Octubre de 2013

| PROPIEDAD PERTENECE A UN COLONO BRASILEÑO

Constatan nuevo desmonte en un inmueble intervenido en junio pasado

Una comitiva de la Seam, el Infona y de la Fiscalía de Medioambiente de Caazapá constataron el desmonte de una propiedad ubicada en la colonia Apepú, de Tava’i. El dueño del inmueble, el brasileño Luis Itimura, en junio pasado fue sumariado y multado por deforestar 400 hectáreas del mismo terreno, en transgresión de la Ley 2524.

TAVA’I, Caazapá (Antonio Caballero, corresponsal). Los intervinientes, encabezados por la fiscala de Medioambiente de Caazapá, Karina Escurra, constataron el desmonte y comercialización irregular de productos forestales en la propiedad de Luis Itimura, con domicilio en la ciudad de San Cristóbal, Dpto. de Alto Paraná. El jefe del Instituto Forestal Nacional (Infona), Ing. Víctor Escurra, y los fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente (Seam), Julio Marecos y Roberto Arias, formaron parte de la comitiva de interventores.

En la Región Oriental rige la Ley 2524 “De prohibición de transformación de bosques a otros usos de la tierra”, conocida como “Ley de deforestación cero”, pero es atropellada constantemente. Los principales deforestadores son colonos brasileños.

La propiedad mencionada ya fue intervenida en junio de este año, oportunidad en que se verificó el desmonte de unas 400 hectáreas de bosque nativo. Esta vez el área desmontada sería de unas 60 hectáreas, según los funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Instituto Forestal Nacional (Infona), que realizaron el operativo y que abrieron un sumario para investigar el nuevo hecho.

En el caso de la deforestación de 400 hectáreas, el Infona cerró el sumario aplicando una multa de 300 jornales mínimos (unos G. 20 millones), suma irrisoria para el colono brasileño Luis Itimura. En tanto que el proceso judicial terminó con una suspensión condicional con la donación de 10.000 plantines a la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la compra de servicios ambientales de Naturaleza Pura.

La Seam aplicó una multa de 400 jornales mínimos (unos G. 24 millones) y ordenó la suspensión de todos los trabajos en el lugar.

No firmó orden

Sin embargo, los trabajos continuaron impunemente. La fiscala Escurra indicó que fue imposible constatar la superficie desmontada porque el juez de Garantías de San Juan Nepomuceno, César Acosta, se constituyó en el lugar y no quiso ordenar el allanamiento porque es competencia del Juzgado de ejecución.

Le planteó a la fiscala que solicite una orden de allanamiento para verificar el desmonte en la propiedad.

Según la fiscala Escurra, la comitiva sorprendió a más de 150 personas trabajando en el lugar, con tractores, camiones y topadora. Además, había más de 30 ranchos precarios de los trabajadores.

La fiscalía decomisó camiones, tractores, motor generador eléctrico, soldador eléctrico y encontró más de 100 rollos de madera de diferentes especies.

El administrador del inmueble, Nara Colet, negó que se haya desmontado nuevamente. Aseguró que los rollos hallados en el lugar corresponden a la partida incautada en junio último.

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