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En ocasión del 50º aniversario de la Capaco celebrado el viernes último, el presidente del gremio, José Luis Heisecke, hizo un llamado a los empresarios del sector a estar “alertas” porque la aplicación de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas” viene siendo “distorsionada” por varias instituciones comitentes, “de manera antojadiza”. Ayer, habló con ABC y se ratificó en esos duros cuestionamientos.
“Establecen condiciones de participación que no guardan ninguna relación con el tipo de obra licitada”, manifestó y agregó que muchos llamados son “verdaderos trajes a medida que no soportan el más mínimo análisis”. Al consultársele qué instituciones podemos citar, dijo primeramente que habló de forma genérica, aunque por el tipo de obras que dio como ejemplo, se colige que se trata del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
“En líneas generales me refiero a que hay licitaciones donde para hacer 100 kilómetros de ruta, te piden como experiencia haber hecho 200 kilómetros de ruta. O para hacer un edificio de 10 pisos, te piden haber hecho dos edificios de 10 pisos. Si una empresa tiene como experiencia haber hecho una ruta de 100 kilómetros, perfectamente puede hacer 200 o 300 kilómetros. Lo mismo en obras civiles, si una empresa hizo un edificio de 10 pisos, también puede hacer dos o tres edificios de 10 pisos”, resaltó.
Posteriormente, dijo que este tipo de situaciones consideradas irregulares se han registrado en varias instituciones públicas. “Ocurre en MOPC, Ministerio de Salud, Comité Olímpico, etc”, añadió el empresario.
La anhelada transparencia que no llegó
“Dentro del campo gremial, la Capaco participó activamente para la elaboración y sanción de la Ley 1045 de Obras Públicas y de la actual Ley 2051 de Contrataciones Públicas y en cada periodo de vigencia de estas leyes, (el gremio) peleó por la transparencia en las licitaciones públicas, la igualdad de oportunidades, el establecimiento de condiciones de participación acordes a la envergadura técnica y económica de las obras, el acceso a la información en tiempo y forma, de exigencias que permitan el crecimiento escalonado de las empresas, de facilidades de consorciamiento”, indicó. Más adelante dijo que les preocupa sobremanera el funcionamiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de la que esperaban un “arbitrio imparcial e independiente”.
“Lo anteriormente expuesto cobra mayor relevancia en este tiempo, debido a la gran inversión en infraestructura que se lleva adelante y a los numerosos contratos de obras que son objeto de llamados a licitación. Esperamos de todas las administraciones de gobierno, que demuestren su voluntad de apostar al crecimiento de las empresas nacionales”, subrayó.
Firmas medianas y pequeñas, olvidadas
También dijo que no se ha podido establecer condiciones igualitarias de participación que contemplen la posibilidad de crecimiento de todo tipo de empresas componentes del sector de la construcción, haciendo referencia a que en el Gobierno de Horacio Cartes se dio prioridad a las grandes compañías y las extranjeras.
“De nada sirve legislar únicamente para grandes empresas; debemos atender toda la cadena de empresas y precautelar las condiciones que permitan su crecimiento y evolución”, finalizó.