Contraloría también contribuyó al blanqueamiento de Víctor Bogado

El documento que indicaba el daño patrimonial en Conatel bajo la presidencia del senador colorado Víctor Bogado se encontraba disponible en la página de internet de la Contraloría (www.contraloría.gov.py), en el link “Reporte de Hechos Punibles”, en el apartado “Administración Descentralizada”.

El único expediente expuesto ahora en el sitio web de Contraloría es el informe de auditoría de 140 páginas, que había dado pie a la Unidad de Apoyo (hoy Auditoría Forense) a profundizar la investigación para señalar los indicios de hechos punibles por alrededor de G. 7.000 millones (ver facsímil). El viernes último consultamos con los funcionarios de la institución sobre el punto y no supieron responder.

Al parecer el máximo órgano de control se puso “a tono” con la Corte Suprema de Justicia, que en 2012 sobreseyó al senador colorado de la imputación de la fiscalía por la defraudación de más de G. 7.000 millones a las arcas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Cuando era titular de Conatel, Bogado otorgó varios contratos a firmas privadas para operar teléfonos satelitales en varias zonas rurales. Los aparatos no se instalaron en su totalidad y los pocos colocados no funcionaron. También adjudicó la provisión de computadoras e internet en escuelas públicas, que tampoco se cumplió a cabalidad.

La investigación del caso inició en 2005 el entonces fiscal de Delitos Económicos, Arnaldo Giuzzio, actual senador por el Partido Democrático Progresista (PDP). Cinco años estuvo paralizada la pesquisa porque en 2006 los diputados votaron en contra del desafuero de Bogado, quien ocupaba un escaño en la Cámara Baja, periodo 2003-2008. En 2011, cinco años después del rechazo, el propio Bogado pidió a sus colegas que lo desaforaran. Así se iniciaba el proceso de su blanqueamiento.

Al poco tiempo de que Diputados le despojara de sus fueros, los abogados del político pidieron al cuestionado juez Hugo Sosa Pasmor su sobreseimiento. Sin más trámites, el juez lo aprobó.

Posteriormente, le tocó al Tribunal de Cuentas, integrado por Agustín Lovera Cañete, Natividad Mercedes Meza y Mirtha González, y finalmente a la Sala Penal de la Corte, compuesta por Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez.

Desde el pasado 8 de agosto, Giuzzio enfrenta una demanda de resarcimiento por daños morales. Bogado le exige G. 4.000 millones. Para el efecto, contrató al abogado Willian Ruiz.

El exfiscal aseguró que el juez no le permitió presentar la acusación en contra del político. Había suficientes elementos para acusarlo y llevarlo a juicio oral, según explicó. Los propios funcionarios de Conatel iban a salir de testigos en contra de Bogado, aseguró.