El 62% de las tierras entregadas a los campesinos aún no fue titulado

En una conferencia sobre reforma agraria realizada recientemente por el Indert, Jiménez presentó una tabla en la que refiere las tierras distribuidas a los campesinos durante los últimos 74 años.
En una entrevista sobre el tema, el técnico explicó ayer que la extensión de las tierras distribuidas a labriegos en la Región Oriental suman 3.185.977 hectáreas, de las cuales 1.974.303 hectáreas aún permanecen a nombre del Indert, es decir el 62%.
“Es llamativo es que muchas de las extensiones de tierras entregadas figuran bajo el nombre de instituciones desaparecidas como el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y el Instituto de Bienestar Rural (IBR)”, indicó.

Sobre los datos expuestos Jiménez de Recalde explicó que la distribución que encaró el Estado desde 1940 no fue acompañada con la misma celeridad en la titulación de las mismas, “que es elemental en el proceso de arraigo”.

De la tabla de tierras distribuidas, que acompaña esta nota, indicó que en la columna A se listan las tierras distribuidas por departamentos, en total 3.185.977 hectáreas; y en la columna “B Totales” la cifra de 1.974.303 hectáreas, que corresponde a las tierras que aún figuran en el Sistema Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda como tierras del Indert.

Señaló también que la columna “B Totales” es el resultado de las hectáreas distribuidas por el Departamento de Tierras y Colonias (9.451 Ha.), más las del Instituto de Reforma Agraria, IRA, (90.676 Ha), más las entregadas por el Instituto de Bienestar Rural, IBR, (301.917 Ha.) y la del Indert (1.572.259 Ha.).

Aclaró que no corresponde sumar 90.676 del IRA + 301.917 del IBR = 392.593, pues esas cifras guardan relación con la cantidad de tierras que aún figuran como estatales en el Catastro y que no representan las tierras distribuidas en tiempos de Stroessner.

Sobre la problemática de la escasa titulación, dijo que, suponiendo que el Indert en adelante no adquiera una hectárea más de tierra, lo deseable es que en un tiempo determinado, no figure una sola hectárea más a nombre de la institución rural.

Agregó que eso implicaría que todas las tierras fueron convenientemente distribuidas, sus ocupantes cumplieron con las condiciones de pago y residencia y, en consecuencia, efectivamente tituladas.

“¿Qué buscamos al presentar la tabla de referencia? Demostrar que en las condiciones actuales, el Indert y el Servicio Nacional de Catastro no están alineados operativamente en los procesos de registro y titulación, a pesar de la vigencia de la normativa legal (Ley 2419/04 que crea el Indert”, expresó.

Explicó qué es esa ley en su artículo 41, relativo a las funciones, que obliga al Indert a mantener un Catastro Agrario y Ambiental, en coordinación con el Servicio Nacional de Catastro, el cual sistematizará y mantendrá información técnica actualizada de los inmuebles que conforman su patrimonio, incluyendo informaciones y datos sobre caracterización ambiental, de aptitud agrológica y de uso del suelo.

A su vez, que el artículo 42, de la ley del Indert, exige al ente a coordinar con el Servicio Nacional de Catastro programas operativos, proveyendo, además, información técnica a dicho ente.

“La única manera de poner fin a esta situación, un escenario propicio para el tráfico de derechos de propiedad (venta de derecheras), de dudas sobre la tenencia de las tierras y de la misma confiabilidad jurídica, es acometer, con mucho rigor, el proyecto denominado Sistema Integrado de Información de Recursos de la Tierra”, ratificó. Añadió que dicho proyecto permitirá la regularización jurídica de la tenencia de la tierra, que sabemos cuenta con el máximo apoyo de la administración actual y que también están comprometidos el MAG, la STP y el Catastro.