El contralor anticipa que la APP del aeropuerto será definida en la Corte

El dictamen que emitió la Contraloría General de la República en el caso de la licitación para la implementación de un régimen de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto Silvio Pettirossi y que recomendó la cancelación de todo el proceso, sigue firme y en los próximos días el ente auditor debe responder al Tribunal de Cuentas, ratificándose con el contenido del dictamen.

El contralor Enrique García explicó ayer que la resolución lograda por el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, en el fuero penal no le habilita a adjudicar la licitación, como quiso dar a entender el Ministerio en una “interpretación creativa”, en palabras del mismo García.

El contralor anticipó que se ratificará en el contenido íntegro del dictamen que recomendó cancelar el llamado a licitación que a toda costa el ministro Jiménez Gaona quiere adjudicar a Sacyr.

Vaticinó también que el caso se definirá en la Corte Suprema de Justicia, si eventualmente el Tribunal de Cuentas hace lugar al pedido de anulación del dictamen producido por la Contraloría. “Si el tribunal de cuentas anula, nos veremos obligados a recurrir”, afirmó.

Las objeciones de la Contraloría al proceso

Tras una auditoría que duró varios meses, la Contraloría emitió un dictamen que recomienda cancelar el proceso basándose principalmente en el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas omitió la realización de un proceso de precalificación de empresas, lo que derivó en que se presentaran oferentes que no estaban en condiciones de competir, entre ellos, Sacyr.

También cuestiona la falta de coherencia entre las disposiciones de la Ley de Alianza Público-Privada, el decreto reglamentario y las disposiciones del pliego de bases y condiciones, este último, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En tal sentido, siendo estrictos, el Ministerio de Obras Públicas, si hubiera respetado el pliego que redactó, hubiese descalificado a Sacyr, y si respetara su propio pliego de bases, atendiendo a los antecedentes y procesos judiciales de incumplimiento de esa firma en países como España, Panamá, Colombia y Chile. Así lo evaluó la Contraloría en el dictamen que el MOPC busca impugnar en la Justicia.

En la conferencia de prensa que convocó esta semana Jiménez Gaona, dijo que solo esperan el aval del tribunal de cuentas para adjudicar el proyecto y entregarle el aeropuerto a Sacyr por los próximos 30 años.

Antecedentes del blanqueo

Esta semana, el MOPC obtuvo que el fiscal Alcides Corvalán solicitara la desestimación de la denuncia penal por prevaricato y producción de documento público de contenido falso contra todo el comité evaluador de la licitación para la instalación de un esquema de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto. También logró que el juez Rubén Riquelme hiciera lugar al pedido, sin darle trámite de oposición siquiera, tratándose de un caso en el que existen muchos intereses económicos de por medio.

Uno de los más beneficiados con el blanqueo es Dionisio Mereles Verón, director de Asuntos Jurídicos. El mismo le había puesto su firma a un dictamen jurídico de contenido falso.