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La Procuraduría General de la República es la que lleva el mandato del Poder Ejecutivo ante la asamblea, puesto que el Estado es el accionista mayoritario de la empresa (99%). El 1% corresponde a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). Desde el año 2011 la telefónica del Estado comenzó a tener un colegiado, así como establecen sus estatutos sociales. Antes de ese año, era administrada por una sola persona, su presidente.
Un último informe de sus estados contables del año 2011 que saltó a la luz pública señalaba una pérdida económica acumulada de G. 56.000 millones. En agosto pasado, la Contraloría de la República (luego de seis años) concluyó su auditoría en la que resalta, entre otras cosas, que la falta de aprobación de los balances 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 genera incertidumbre sobre la situación financiera de Copaco y de su subsidiaria Vox Paraguay.