El gasto salarial trepa a US$ 621 millones

En el primer trimestre del año, el Ministerio de Hacienda destinó más de 2,7 billones de guaraníes (US$ 621,8 millones) para el pago de salarios y otros beneficios a los funcionarios de las diversas instituciones de la administración central.

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El monto representa un aumento de 4% con relación al mismo periodo del año pasado, lo que es considerado mínimo si se tiene en cuenta que el presupuesto no prevé un incremento salarial para este ejercicio.

De acuerdo con el informe de “Situación Financiera” elaborado por la cartera fiscal, en enero se destinaron 890.000 millones de guaraníes, en febrero 945.000 millones de guaraníes y en marzo 950.000 millones de guaraníes.

El año pasado, en este mismo lapso de enero a marzo el gasto salarial fue superior a 2,6 billones de guaraníes (US$ 597,5 millones), lo que representó 14,9% de crecimiento con respecto al ejercicio 2012.

Los técnicos de Hacienda, sin embargo, adelantaron que este nivel de crecimiento podría resurgir en el próximo año de atenderse el pedido de aumento salarial que realizan los sindicatos públicos.

Los sindicalistas esperan que el proyecto de presupuesto 2015 incluya, como mínimo, un ajuste de 10%, tal como fue incrementado el sueldo mínimo para los trabajadores del sector privado en marzo pasado.
El ministro de Hacienda, Germán Rojas, había señalado que cualquier análisis que se realice sobre este punto deberá estar asociado a la capacidad de pago que tiene el Estado. Sin embargo, los sindicatos consideran que debe cumplirse lo que dispone la ley de responsabilidad fiscal.

Esta normativa establece que no se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. Además, que el aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.

Un eventual incremento salarial podría poner en duda las proyecciones realizadas en cuanto a la reducción del déficit fiscal, que para este año se prevé en 1,7% y para el año venidero adecuarse al tope de 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

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