El mercado negro movió el año pasado US$ 11.000 millones

La economía subterránea o no registrada en el país aumentó el año pasado aproximadamente 1% con respecto al 2015 y, a diferencia de años anteriores, el porcentaje que representa en el PIB de un año a otro no es mucho, pero deja claro que en el Estado no existen políticas públicas ni cuenta con instituciones que puedan contrarrestar o disminuir las actividades enmarcadas como tales, indica el estudio.

La presentación del informe 2016 fue realizada por el exdiputado Sebastián Acha, director ejecutivo de la Asociación Pro Desarrollo, entidad privada que desde hace cuatro años consecutivo viene efectuando el estudio y haciendo el seguimiento al tema.

Señala que el mercado negro movió US$ 11.092 millones, lo que representa 40,18% del PIB, y destaca que en los últimos cinco años se mantiene constante y a pesar de las acciones gubernamentales no se observa disminución, sino al contrario, está en aumento.

En el 2012 representaba el 40,2% del PIB, al año siguiente significó 38,2%, luego en 2014 se situó en 39,7% y en 2015 se mantuvo en 39,6%.

“Es 20 veces la emisión de bonos soberanos del 2016 y 2017; 18 veces lo que Itaipú remesa al Paraguay anualmente; y 3 veces el tamaño de nuestra deuda externa”, afirma el estudio sobre la economía subterránea 2016.

A pesar de los resultados, sin embargo, se sigue exigiendo más a los formales con el aumento de la tasa del impuesto a la renta personal (IRP), intentada por decreto; la exigencia de declaración de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de compras hechas por valor de más de G. 50 millones en efectivo, sin ningún tipo de estímulo que acompañe, expresa otra parte del informe.

Puntualiza que existen algunos esfuerzos aislados para controlar o reducir la informalidad en algunos sectores, pero no es integral, no está coordinado entre las instituciones que deberían funcionar articuladamente, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y su dependencia el Detave, la SET y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). “No existe voluntad”, afirmó Acha.