El MOPC descalifica las atribuciones de la CGR

Por haber dictaminado contra las pretensiones del MOPC en la APP del Aeropuerto, el titular de la cartera, ministro Ramón Jiménez Gaona, emitió una serie de juicios descalificativos hacia la Contraloría General de la República (CGR). Fue en su pedido de reconsideración de dicho dictamen.

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El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) demeritó las acciones de la CGR en el marco de la investigación que esta realizó sobre la licitación, vía asociación público-privada (APP), para modernizar el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Primero, responsabilizó a la Contraloría de poner “en tela de juicio la seguridad jurídica del sistema paraguayo” al pretender que se declare desierto el llamado en cuestión, “sin que exista una causa que justifique plena y satisfactoriamente”. Después, señaló que decisiones como esa “causarían sin lugar a dudas un daño irreparable a la imagen país”.

Es decir, para Jiménez Gaona –el único que firma el pedido de reconsideración, no así autoridades de otros entes–, no es la intención de adjudicar a la cuestionada firma Sacyr, con numerosos procesos judiciales en otros países, lo que afectaría la imagen del Paraguay. Tampoco el hecho de que, llamativamente, la firma haya contratado a la aseguradora Royal Seguros, de Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete de Presidencia de la República y mano derecha de Horacio Cartes.

Para el ministro, si se perjudica la visión que tienen los extranjeros del país, no sería por la serie de cuestionamientos que tuvo la licitación desde sus inicios ni por el proceso fiscal abierto en el que se denunciaron producción de documentos no auténticos, lesión de confianza, tráfico de influencia y otros hechos punibles. Para el secretario de Estado, la culpa sería de la CGR.

Habla de “superficialidad de los argumentos” En el documento dirigido al ente contralor, Jiménez Gaona también dijo que hubo “superficialidad de los argumentos” en contra de la APP, pese a que la CGR señaló en su dictamen que desde el pliego de bases y condiciones se crearon situaciones irregulares pues el pliego no se ajusta a la ley.

En otro apartado, señaló que “el acto administrativo emitido por la CGR adolece de vicios graves en sus elementos esenciales, causa y motivación que podrían llevar a esta administración a incurrir en arbitrariedad en caso de acatar las recomendaciones”. Incluso, el ministro se atrevió a decir que la Contraloría “se ha extralimitado en el ámbito de su competencia al entrar en el análisis y emitir conclusiones respecto de cuestiones técnicas”.

El titular del MOPC calificó como “claramente arbitrario que la CGR se considere suficientemente competente para ‘recomendar’ la inclusión de un procedimiento”, haciendo referencia a que, para el ente contralor, la licitación del aeropuerto debía ser con precalificación debido a la complejidad de la obra y la envergadura del llamado. La cartera señaló que se trata de una “recomendación infundada”.

Niega defensa a Sacyr

Ayer, Ramón Jiménez Gaona aseguró que su único interés al defender la APP del aeropuerto es la imagen país y su desarrollo, descartando así que exista una férrea defensa a Sacyr, negando que hayan existido coimas en el proceso o los hechos punibles denunciados que investiga la Fiscalía. “Está justificado en el hecho de que no estamos defendiendo, bajo ninguna circunstancia, a una empresa, ni siquiera a un proyecto. Estamos defendiendo una herramienta vital para salir del atraso y la pobreza”, dijo a la 1080 AM.

Contralor no responde

Hasta el momento, la Contraloría General de la República no ha respondido oficialmente al pedido de reconsideración realizado por el MOPC. Tampoco el contralor, Abog. Enrique García, ha respondido a los insistentes llamados y mensajes de este diario a su celular con terminación 158.

No obstante, la legislación es clara sobre la obligatoriedad que tienen las instituciones públicas de acatar dictámenes de la CGR. La Ley 276/94, carta orgánica del ente de control, dice en su art. 16 que “sus conclusiones, recomendaciones y dictámenes serán de cumplimiento obligatorio para todos los organismos sujetos a su control”. Aun así, el MOPC intenta evadir lo que establece la normativa.

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