Firma defiende legalidad de su contrato con la CU

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El Abog. Oscar Carlos Brelles Mariño, directivo de Saint Michael SRL, llegó a nuestra redacción para dar su versión sobre una noticia publicada en enero de 2012, referida a un contrato de provisión de CD musicales a la Coop. Universitaria (CU). Explicó también por qué recién ahora pidió su derecho a réplica.

“Yo no había tenido conocimiento de la publicación hasta que recientemente un cliente mío me preguntó sobre esto, porque entró a internet y poniendo mi apellido, salió que estaba supuestamente involucrado en esta denuncia sobre una adjudicación presuntamente irregular (de los CD musicales, de parte de la Coop. Universitaria a Saint Michael SRL), lo que me pareció injusto y por eso vengo a aclarar el tema”, dijo Oscar C. Brelles Mariño.

Sobre el caso, publicado en sendas notas de nuestras ediciones del 19 y el 20 de enero de 2012, uno de ellos bajo el título de “En la CU adecuaron dictamen para que negocio de los CD se concrete”, Brelles Mariño sostuvo que de parte de su empresa no hubo ninguna irregularidad, pues la misma tenía los derechos de los grupos musicales con cuyas grabaciones e interpretaciones quería contar la CU. “No se podía llamar a licitación sobre esos grupos; la Cooperativa podía aceptar o no la propuesta de negocio que yo le hice, pero no podía elegir proveedores de grabaciones de esos grupos musicales”, reiteró, enfatizando que en tales circunstancias no puede haber ilegalidad o irregularidad de parte de su firma.

Antecedentes

Las informaciones publicadas se referían a quejas de fuentes relacionadas a un sector de los socios de la CU contra el actuar de sus directivos, porque -según la denuncia de entonces- para comprar esos CD se había pasado por alto el “reglamento de adquisiciones”, que prevé tener a la vista por lo menos tres ofertas en caso de que sobrepase los G. 20 millones; hacer un “concurso público de precios” si supera los G. 100 millones y una “licitación pública” si el negocio es de más de G. 502 millones.

El contrato de los CD en cuestión fue por unos G. 950 millones, y sin embargo no se aplicaron las disposiciones citadas, siempre según las quejas de enero de 2012.

Al respecto, Brelles Mariño señaló que esa parte no le corresponde a él evaluar, porque es una cuestión interna de la Cooperativa.