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A seis meses de la investigación, el agente fiscal de esa localidad, quien indaga sobre el caso del vaciamiento y estafa por más de G. 8.000 millones en esa entidad solidaria, asegura que, pese a la complejidad y dificultades que tuvieron para armar el caso, cuentan con elementos para la imputación de los responsables, en este caso de los administradores de la entidad solidaria y sus cómplices.
En el momento en que inició la investigación, los dirigentes que estaban al frente de la Cooperativa eran Máximo Arámbulo, en el Consejo de Administración, y Antonio Aguilera en la Junta de Vigilancia.
Aquí no existen dudas de que hay responsabilidad penal desde el vamos “y no dudo en ningún momento de que hubo lesión de confianza”, aseguró el agente.
Admitió que necesitan solventarlo con informes técnicos para que la imputación sea más rigurosa y adelantó que entre 15 a 30 días se conocerán a los primeros imputados en el caso.
El fiscal Guerrero agregó que la mala administración en la entidad solidaria data del año 2009, por lo que deben determinar la responsabilidad de sus administradores en los respectivos periodos, ya que los mismos iban rotando en sus cargos.
Explicó que los responsables de estos hechos investigados se exponen a 5 y hasta a 10 años de cárcel. Si bien, los dirigentes de la cooperativa sostienen que el gerente Ramón Acuña (fallecido) es el único responsable del vaciamiento de la cooperativa, el fiscal explicó que no pueden eludir su responsabilidad como administradores de la entidad. Si así lo hicieron se exponen al delito de omisión.
El caso cobró notoriedad pública en octubre del año pasado con el suicidio del gerente Ramón Acuña. Luego de este suceso, comenzaron los problemas de liquidez, las demandas de los acreedores y de los socios por pagarés de deudas y contratos de ahorros adulterados.
A pesar de que la entidad arrastraba deficiencias y faltas con el órgano regulador desde el año 2008, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) recién entró a fiscalizar e intervenir cuando explotó el problema en octubre de 2014.
Cooperativa en liquidación
La estafa a socios y terceros en la Cooperativa General Artigas por más de G. 8.000 millones provocará el cierre de una de las entidades más emblemáticas de la ciudad del mismo nombre y con más de 35 años de vida institucional. En la asamblea del pasado día 7 de este mes, los socios crearon una comisión liquidadora, que deberá vigilar que el proceso de cierre se adecúe a las leyes vigentes y que a la vez permita salvar los ahorros de unos 400 socios afectados. Al menos tres de sus inmuebles fueron rematados el 30 de marzo pasado, en el Palacio de Justicia de esta ciudad, a precios irrisorios y con graves irregularidades en el proceso de avalúo de los bienes, por lo que pidieron la nulidad de la subasta.