El viernes 23 de julio, el fiscal ambiental Ricardo Merlo y el fiscal penal Favio Cabañas, de Concepción, viajaron a la localidad de Puerto Guaraní, Alto Paraguay, para entregar en el juzgado de paz copia de la orden judicial de no realizar innovaciones en la finca 17.491, situada en esta localidad.

La determinación fue tomada por el juez de primera instancia de Concepción, abogado Eduardo Villarta. Copias de la disposición fueron enviadas a la comisaría policial de Puerto Guaraní y a la Dirección General de Registros Públicos.

La orden de no innovar fue solicitada por el ciudadano brasileño Thyr Medeiros Loureiro, quien inició juicio contra Renato Eugenio de Rezende Barboza y Nelson Cintra, en procura de recuperar acciones que eran suyas en la empresa Prados Verdes del Paraguay SA. Medeiros Loureiro sostiene que su firma fue falsificada y que por medios ilícitos fue desposeído de sus acciones.

La nota número 449, con fecha 21 de julio pasado, fue dirigida a la Dirección General de Registros Públicos y expresa lo siguiente: "Este juzgado, por providencia de fecha 9 de julio de 2004, ha decretado la prohibición de innovar sobre la Finca Nro. 17.491 del Chaco, anotado bajo el número 1 y al folio 1 y siguientes del 19 de abril de 1995, así como sobre todas las desmembraciones que ha sufrido la referida finca a partir de esa fecha".

La orden del juez Villarta es clara: no se pueden introducir innovaciones en la finca 17.491 y tampoco en ninguna de las desmembraciones que sufrió hasta la fecha.

La comisaría policial y el juzgado de paz de Puerto Guaraní recibieron esta notificación de manos de los fiscales Ricardo Merlo y Favio Cabañas, quienes con posterioridad recorrieron las tierras que se encuentran en litigio, pertenecientes originalmente a la firma Prados Verdes del Paraguay.

Al día siguiente sábado 24 de julio, el mismo fiscal Favio Cabañas viajó nuevamente a Puerto Guaraní, pero esta vez acompañado de la jueza de paz de Carmelo Peralta, abogada Marta Manzur de Rojas, con la intención de allanar y desalojar a Thyr Medeiros Loureiro del retiro Ponderosa, que forma parte de Prados Verdes del Paraguay.

Resulta inaudito que el fiscal concepcionero Cabañas viaje el viernes para entregar una orden de no innovar y el sábado lo hace nuevamente, esta vez para acompañar un proceso de desalojo del sitio donde no se puede introducir ningún cambio.

Peor aun, el agente del Ministerio Público acompaña a una jueza de paz de Carmelo Peralta, que no tiene competencia en Puerto Guaraní. Tanto Cabañas como la jueza Manzur de Rojas tienen bien claro que no pueden realizar intervenciones en un litigio donde rige una orden de no innovar. Ambos también saben que el juzgado de paz de Puerto Guaraní es el que tiene jurisdicción sobre las tierras que se encuentran en litigio. El juez local ni siquiera fue informado de la intervención que tuvo lugar el sábado.

La empresa Prados Verdes del Paraguay se formó en 1996 con la adquisición de 102 mil hectáreas, compradas en la zona de Puerto Guaraní del ciudadano norteamericano Kich Peterson. La firma, en su inicio, tenía como socios a los brasileños Thyr Medeiros Loureiro, Joaquim Tomaz y Arthur Nikolaus Ogurzow.

A mediados de 1998, la sociedad transfirió 45 mil hectáreas a José Bogarín. El traspaso de propiedad se efectuó con la firma de los tres socios de Prados Verdes del Paraguay, sin cuestionamiento legal alguno.

En 1999, el acta de asamblea de la sociedad ya reflejaba graves problemas en el interior de Prados Verdes del Paraguay, porque el nombre de Thyr Medeiros Loureiros fue borrado del listado de socios y apareció en su lugar Edmundo Rolón Osnaghi, miembro del Parlamento Nacional en representación del Partido Colorado.

De acuerdo a documentos obrantes en juicio, el diputado Edmundo Rolón es poseedor de certificados de acciones que habrían pertenecido originalmente a Medeiros.

¿Qué hacía el fiscal Cabañas con la jueza de Carmelo Peralta, violando una disposición judicial que el mismo Cabañas entregó el día anterior?