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Actualmente, los casos de evasión primero deben contar con una resolución firme en sede de Tributación. Esto implica que puede ser apelado en el Tribunal de Cuentas y luego en la Corte Suprema.
La queja de las autoridades de Hacienda es que, tal como están las cosas, los casos administrativos son engorrosos, burocráticos y terminan siempre luego de muchos años dejando impunes a los responsables de la evasión.
El proyecto también propone que, además del fisco, el fiscal general tenga la potestad de decidir los casos que serán analizados directamente en el Ministerio Público. El plan del Ejecutivo no establece parámetros para identificar los casos que serán llevados directamente a la Justicia. Queda al arbitrio pleno de ambas entidades.