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Se trata de unos 200 funcionarios de las tres sedes de la EBY a quienes se les remitieron las respectivas notificaciones el pasado 30 de julio. De ese grupo, un total de 47 corresponden a la sede de Ayolas; de los cuales, solo tres firmaron la nota remitida por la EBY.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Yacyretá (Sinatray), Florentín Gómez del Puerto, fue uno de los que recibieron el aviso sobre la jubilación y se negó a rubricar el documento, por lo que las autoridades de Yacyretá le enviaron una escribana para dejar constancia de su negativa a firmar.
“Parece que la entidad Yacyretá tiene la intención de realizar una jubilación forzosa y se olvida que la jubilación es un derecho, no una obligación”, señaló el afectado.
Agregó que “la EBY no tiene un panorama claro de cómo se harán los pagos correspondientes por la antigüedad que les corresponde a los notificados”, manifestó el sindicalista Gómez del Puerto.
Anuncian una medida judicial
Según se informó, a partir de la fecha de notificación se considera como un preaviso, con un plazo de 90 días para completar los trámites. Si al término del tiempo establecido se les paga lo que les corresponde se estarían jubilando, de lo contrario iniciarían medidas judiciales para defender sus derechos, ya que no van a permitir que se violen sus derechos, declaró el dirigente sindical.
El funcionario recordó que el reglamento que la EBY aprobó en forma unilateral, sin negociar con los sindicatos, dice en una de sus cláusulas que la liquidación se hará como si uno hubiera renunciado, algo que no está de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.
Los empleados notificados convocaron a una asamblea con la intención de crear una asociación para defender sus derechos y no descartan recurrir a la justicia para reclamar que se cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna.