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El titular del Indert encabezó en la semana última una audiencia pública sobre el caso Chino Cue y también visitó esta localidad, ubicada en el distrito de Itakyry, Alto Paraná. En ambos encuentros trató de justificar la millonaria operación de “canje”, que en realidad implicaría pagar US$ 24 millones a la empresa Tierra de Negocios, cuyo título tendría vicios en origen. La firma es propiedad de los hermanos Sarabia y está representada legalmente por Carlos Palacios, abogado del Grupo Cartes, del presidente de la República, Horacio Cartes.
Uno de los puntos tratados por Cárdenas en su presentación fue el tema de los poderes relacionados a las tierras de Chino Cue.
Falsificación de rúbrica
Según los datos, para realizar las ventas del inmueble, se habría falsificado la firma del propietario original mayoritario de las tierras, que es un ciudadano japonés de nombre Zuisho Hayashi. Pero para Cárdenas ese tema no es importante.
En 1977, un grupo de 12 orientales compraron el total de 18.732 ha de Itakyry, de las cuales 10.000 pertenecían al japonés Hayashi y a un chino llamado Lai Ching Tuenni. Ambos eran propietarios condóminos de esa extensión de tierras, pero el 85% correspondía al primero, mientras que el segundo tenía solo el 15%.
Por ese motivo, para realizar la venta de las tierras, Hayashi (dueño de 8.500 ha) supuestamente otorgó un poder especial a Ching Tuenn (propietario de solo 1.500 Ha), autorizando la venta del inmueble que ambos tenían en Paraguay.
El documento fue firmado en la Embajada de Paraguay en Tokio en diciembre de 2007. Sin embargo, recientemente reapareció otro poder otorgado previamente por el mismo japonés, también desde la Embajada de Tokio, pero con la fecha de junio de 2004. La firma de Hayashi que figura en este documento es totalmente distinta a la del mandato de 2007. De ahí las dudas sobre su legitimidad.
A pesar de ello, el titular del Indert ni siquiera pone en duda estos documentos, sobre los cuales se basó la compraventa de Chino Cue hasta llegar a Tierra de Negocios SA. Al contrario, ofrece rebuscadas explicaciones para tratar de justificar que existan dos firmas diferentes de una misma persona. “En Japón no hay un registro de firmas, no hay una institución que pueda certificar. Sino que solo verifican el Registro de Conducir, porque la firma no es gravitante” , afirmó. Incluso dijo que es “normal” que los orientales tengan dos firmas, una en japonés y otra latina.
Pero no supo explicar por qué Hayashi habría firmado el mismo tipo de documento, emanado del mismo lugar, pero utilizando rúbricas distintas. A toda costa, Cárdenas intenta concretar esta operación, que según él es “altamente beneficiosa para las partes”. En realidad, se trata de un pago millonario a una firma que podría no ser dueña legítima de la tierra, lo que apeligra las arcas del Estado por el riesgo de que luego aparezca el propietario real, reclamando justa indemnización.
Los dueños originales
El lugar que hoy se conoce como Chino Cue en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, debe su nombre a los propietarios originales del inmueble, un grupo de 12 orientales, que en su mayoría eran chinos.
Uno de ellos, llamado Lai Ching Tuenn, adquirió en 1977, para sí y para los demás, el total de 18.732 ha, de los cuales tenía mayor porcentaje el japonés Zuisho Hayashi. Mientras, Hayashi había adquirido 8.000 ha, y los demás compraron entre 250 y 1.750 ha.
Precisamente la firma que hoy se pone en duda es la del ciudadano japonés, que aparece con trazos totalmente distintos en dos poderes otorgados.