La Contraloría solo pudo emitir dos informes preliminares referente a la deuda de la Itaipú. Para emitir un informe final o conclusivo, los técnicos necesitan acceder a otras documentaciones y es aquí donde encuentran reticencias de parte de la entidad, explicaron a ABC el contralor general, Óscar Rubén Velázquez, y la directora general de Economía de la entidad, Gladys Fernández.
“Nosotros, en oportunidades innumerables, pedimos que nos faciliten los documentos, no quiero decir un número porque me puedo quedar corto, pero fueron innumerables pedidos que hicimos a Itaipú, a la Cancillería, el nexo para pedir informes, y hasta hoy, con lo poco que nos remitieron, emitimos ese segundo informe”, explicó Rubén Velázquez.
Solo una parte de las informaciones solicitadas fueron entregadas y otras no, como por ejemplo lo relacionado con la reingeniería financiera realizada en 1997, por lo cual se quedaron sin poder emitir el informe final, según dijo. A cada uno de los directores que iban asumiendo, desde Mateo Balmelli, se le fue cursando notas.
“Justamente bajo la dirección de Balmelli se hizo la apertura exactamente, luego con Gustavo Codas, el Dr. Efraín Enríquez Gamón y el Ing. Franklin Boccia”, señaló Gladys Fernández, directora general de Economía de la Contraloría.
Agregó que “el tema del estudio de los aportes de las altas partes contratantes, que fueron considerados como deuda a criterio de lo que dicta el Tratado, es violatorio porque no está contemplado allí y los intereses financieros que generaron, especialmente la financiación de la deuda de Eletrobrás y, por sobre todo, aquella refinanciación que se realizó en el año 97, mediante el cual se hizo una quita importante a Eletrobrás.
La Contraloría ya sentó postura. Considera que la deuda deviene de la aplicación de una tarifa violatoria al Tratado, añadió.
“Si se aplicó una tarifa por debajo del costo desde su inició, o sea, comenzó en el 85 con una cesión gratuita de energía a la ANDE y a Eletrobrás, pero lógicamente la mayor porción lleva el Brasil porque Paraguay es consumidor minoritario. Eso no contemplaba el Tratado ni esa cesión, ni mucho menos la aplicación de una tarifa por debajo del costo”, refirió Fernández.
Lo más llamativo, y que figura en el informe –según Fernández– es que Eletrobrás argumentó que no estaba en condiciones de pagar esa deuda, pero era el mayor acreedor de Itaipú luego de ser uno de los deudores.
“Nosotros hemos solicitado innumerables veces los documentos del estudio de esa refinanciación, porque entendemos que gran parte del origen de la explicación al saldo de la deuda está en ese documento. No hemos podido acceder a ese estudio a pesar de nuestra insistencia”, expresó Fernández.
A su turno, el contralor dijo que “es una gran bolsa donde se metió toda la información de la deuda, y la composición de esa bolsa es lo que no sabemos para poder determinar exactamente lo que pasa”.
Las autoridades de Itaipú se escudan en la binacionalidad, pero el Art. 21 del Tratado de Itaipú establece que los funcionarios deben rendir cuentas ante las autoridades competentes de sus respectivos países; así como lo establece el Tratado de Yacyretá en su Art. 20”, al decir de Fernández.
Presentará un informe al presidente electo, Horacio Cartes, sobre el tema, según Velázquez. Si hasta ahora no recurrieron a la justicia para conseguir los documentos es porque desean agotar las instancias existentes porque se trata de cumplir un acuerdo firmado por dos gobiernos. “Nosotros tenemos herramientas para tomar medidas judiciales y a ese extremo no queremos llegar. Recurrimos a un juez para que otorgue una orden ya sea de incautación de documentos mediante allanamiento”.
Sobre el punto, Fernández recordó que en 2004 usaron estos recursos para acceder a Yacyretá. “Hubo una pequeña apertura porque estamos auditando el Parque Tecnológico PTI pero Itaipú, Itaipú, todavía no podemos. Hace cuatro años que se inició ésta auditoría. Estos son solamente avances de informes. No son todavía el final”, expresó.