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05 de Mayo de 2018

| conflicto con el ministerio de hacienda por US$ 4 millones

Jaeggli sale en defensa de su título

Alfredo Jaeggli (h) remitió una carta a la dirección del diario, en ejercicio de su derecho de réplica. En el texto defiende el reclamo a cobrar US$ 4 millones y reivindica la propiedad de 1.500 hectáreas que fue vendida en el año 2008 al MOPC. Así también cuestiona al Servicio Nacional de Catastro por informes contrarios a sus intereses.

“Me dirijo a Ud. por el derecho a réplica que me asiste, en referencia a la publicación de fecha domingo 29 y lunes 30 de abril, martes 1 de mayo, páginas 23 y 20, firmadas por Roque González Vera, con ruego de su publicación “in extenso”.

Desde ya, agradeciendo su atención, manifiesto que no volveré a usar mi derecho a réplica debido a que es difícil esgrimir todas las actuaciones procesales en los medios de comunicación.

Debo trabajar y librar una batalla a través de los medios de comunicación resulta desgastante e inocua. Aparte es desproporcional “la defensa” con cartas enviadas al director esperando que se publiquen, con relación a la campaña que se ha instalado.

Supongo que, si dijesen la verdad de los hechos, la noticia no sería rentable.

Tengo la firme posición de quien se crea con derechos recurra a los estrados judiciales a someter al imperio de la ley y la justicia.

Insto (aunque inútilmente) a su periodista Roque González Vera a que lo haga o que estudie derecho y se postule como juez, ya que le encanta “sentenciar” sobre cuestiones procesales.

Desacato a la orden judicial

Esta historia de varias aristas, artistas y protagonistas es al solo y único efecto de “tratar de justificar” el incumplimiento de una orden judicial emanada de los órganos jurisdiccionales competentes por parte de la ministra Lea Giménez.

Desde este parámetro empezaron la campaña de intrigas y ataques contra mi persona, mi familia y las decisiones de los magistrados de primera, segunda y tercera instancia.

En publicación del día 29 de abril, página 23, Roque afirmó: “Problema de Jaeggli tiene solución; transfiere título y cobra su dinero”.

Mal informa diciendo que este juicio se trata de “un contrato y pago” sin entender el proceso de un juicio de ejecución y sentencia, cuál es el caso.

En relación a la tierra y los títulos, Roque no “sabe” que los propietarios tras proceso de licitación ya firmaron la escritura de transferencia el 30 de diciembre de 2008 ante la escribana autorizada por el MOPC.

Efraín Alegre pagó con cheque firmado por las autoridades del MOPC.

Luego de pagar, Efraín Alegre decidió unilateralmente no firmar la escritura y sin observar el proceso de rescisión de una licitación, por ley, ni mediar orden judicial alguna, dio la “orden de no pago” al Banco Nacional de Fomento, por lo que acudimos a la justicia.

Perdidos en el tiempo y el espacio

De acuerdo a lo publicado en fecha 30 de abril y 1 de mayo de 2018, Roque González Vera dice que Francisco Ruiz fue a “buscar la tierra dos veces”, no la encontró. Y que “se cansó” de buscar.

Contrariamente a su “infructuosa búsqueda” el inmueble se halla inscripto en los Registros Públicos.

Ningún juez declaró nula la inscripción y/o localización del inmueble ni nadie que demande.

El inmueble tiene mensura judicial inscripta en los Registros Públicos y en su oportunidad el otrora IBR fue parte y aclaró que la propiedad “linda con derechos de IBR”.

El certificado catastral fue expedido sin observaciones.

Los propietarios ejercieron actos posesorios y resolvieron conflictos que pudieran tener en los estrados judiciales y después de 18 años (de acuerdo a la publicación) aparece Francisco Ruiz Díaz “alegremente” a decir que “la tierra no encuentra y, por ende, no existe”.

“Borró casete” y se olvidó que la institución que preside no es de él, que los certificados catastrales emitidos desde hace 18 años jamás fueron redargüidos de falsos y que en ninguna parte de la ley dice que las atribuciones del señor sean las de ir a “buscar una tierra”.

Entonces, ¿dónde reposa la seguridad jurídica del Estado? ¿En la opinión de un funcionario estatal?

¿O en los instrumentos legítimos expedidos institucionalmente? Desdeña los instrumentos públicos oficiales.

Francisco Ruiz Díaz, para justificar la irresponsabilidad de su jefa en un caso judicial de incumplimiento de una orden judicial, se erige de juez y opina públicamente y en la página oficial del Servicio Nacional de Catastro sobre un caso que no es parte. Recorre programas de los medios.

Los propietarios, en noviembre de 2017, de nuevo volvieron a presentar los títulos de propiedad para el proceso de escrituración y transferencia del inmueble a la escribana Celia Bogado de Zárate, quien procedió conforme a la ley.

El Servicio Nacional de Catastro expidió el certificado Nro. 72802 del 1 de noviembre sin observaciones, así como el plano e informe técnico por la institución.

Francisco Ruiz Díaz, en una atribución que no le corresponde, envío una nota a la Dirección de Registros Públicos y manifestó que el certificado expedido por el SNC no era válido.

Por ese motivo, Registros Públicos se negó a otorgar el certificado de dominio, documento necesario para transferir.

Esa denegación se encuentra en apelación ante la Cámara de Apelaciones de los tribunales, realizada por mi parte.

Francisco Ruiz Díaz, no conforme, envío nota firmada por él mismo a la escribana Celia Bogado para que le devuelva el certificado catastral sin tener una orden judicial para el efecto y con el agravante que el caso fue judicializado en el tribunal de apelación.

Sintiéndose dueño, se apoderó del instrumento público y procedió a adulterarlo, ilícito que ya fue comunicado a la fiscalía.

Es así de aberrante, y para justificar sus actos y el de su jefa, halló un aliado: Roque González Vera y juntos se lanzaron en busca de la “tierra prometida”.

Se cansó (según publicaciones de Roque) y volvió diciendo que la tierra no existe. Conducta payasesca, peligrosa e irresponsable.

Se espera de ambos que retomen brújula y se conduzcan por los caminos de la ley, en los estrados judiciales como nosotros lo hacemos desde hace 18 años.

Siguiendo la misma línea, el procurador Francisco Barriocanal pretendió suspender los juicios que se encuentran en estado de sentencia obteniendo el rechazo por auto interlocutorio Nro. 140 del 23 de marzo de 2018, firmado por el juez de primera instancia en lo civil y comercial de vigésimo turno, Abog. Juan Martín Palacios, secretaría José Argüello.

Agradeciendo su amable atención y consideración, me despido atentamente”.

Firma: Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés.

 
 

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