La cantidad de funcionarios públicos creció cerca del 50% en una década

El Estado logró cuadruplicar sus ingresos por tributos en una década, pero en ese mismo periodo el número de funcionarios aumentó 46%, solo en el Gobierno Central. De utilizar el 63% de los tributos para pagar salarios en 2004, año de la ley de adecuación fiscal, en 2013 pasó a absorber el 82%. Cada ejercicio se infla el presupuesto en gasto de capital, pero solo se ejecuta una ínfima parte.

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El crecimiento económico y las reformas impositivas han permitido al Fisco mejorar sustancialmente los montos ingresados a las arcas del Estado en los últimos diez años. Lo que quedaba por ver es qué hicieron de estos recursos adicionales sacados a la ciudadanía, las sucesivas administraciones.

Los gobiernos que se sucedieron corresponden a las de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco. Los gastos de la Administración Central pasaron de G. 6,2 billones en 2003 a G. 23,9 billones en 2013 (aumentó 283%).

Uno de los aspectos más resaltantes es que el presupuesto público mostró un marcado deterioro. En el 2003 los denominados gastos rígidos (remuneraciones, jubilaciones, etc.) representaban el 86% de los ingresos tributarios, pero para 2013 todo lo recaudado en impuestos fue utilizado para pagar al personal y aún quedó una diferencia del 5% que debió ser cubierta con otras fuentes de financiación.

El problema principal es que aumentó considerablemente el número de funcionarios públicos, especialmente en los últimos cinco años, durante las administraciones de Lugo y Franco (más de 50.000 nuevos cargos). Especialmente, se vio un fuerte crecimiento en la contratación de funcionarios. En una década la cantidad de personal en el sector público se incrementó en más de 80.000.

El 2012 fue el año de un fuerte quiebre en estas erogaciones como se aprecia en los cuadros que acompañan el material. La irresponsabilidad del Legislativo hizo que solo ese año los pagos por remuneraciones del personal público crecieran en más de US$ 600 millones.

Este fenómeno no solo es responsabilidad de la pasividad del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente de la irresponsabilidad de los parlamentarios.

A partir de 2003 se observa que el sector público también mejoró notoriamente sus remuneraciones. Mientras el salario medio del Poder Ejecutivo varió 171% en una década (muy por encima de la inflación), el salario mínimo legal del privado apenas se ajustó en 70,5% en ese mismo periodo.

En contrapartida, las inversiones físicas también crecieron, sin embargo, en la década apenas representaron entre 10% y 12% de los gastos totales del Gobierno Central. Lo que se nota es que cada año se inflan los presupuestos de gastos de capital, pero la ejecución de estos rubros sigue siendo baja, lo cual demuestra la ineficiencia en la gestión del Estado en esta materia.

Gran parte de estos gastos de inversiones son financiados con créditos externos y la emisión de bonos, tanto a nivel interno como en el mercado internacional.

La conclusión es que la expansión económica y las reformas rindieron más impuestos al Estado, pero lastimosamente el dinero fue despilfarrado en la clientela política. El desenfreno no tuvo color.

Próxima entrega: Elevada evasión

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