El director general brasileño de Itaipú, Jorge Miguel Samek, en una entrevista con Radio Ñandutí ayer, no solo reiteró su mensaje, por elevación, a las autoridades electas el 21 de abril pasado, sino también hizo patente su impaciencia por convencerlas de que en la binacional todo marcha con normalidad, tarea en la que sin dudas cuenta con colaboración de sus socios locales, algunos de ellos incluso con la etiqueta de “asesor”.
En la nota I/GB/017705/13, que “dirigió a su par paraguayo, el Ing. Franklin Boccia, se quejaba de la repercusión que tuvo en nuestro país –tanto en la prensa como en la clase política– las primeras conclusiones del economista norteamericano Jeffrey Sachs sobre la deuda de Itaipú con Eletrobrás y el Tesoro brasileño.
Sachs, en resumen, dice que esa deuda terminó de pagarse en 2008 e incluso que Brasil debe devolvernos US$ 5.000 millones.
Samek, con diplomacia por cierto, advertía a nuestras autoridades –incluso a las electas– que su país y el nuestro continúen solucionando todas las cuestiones referentes a Itaipú “por medio del diálogo”.
Apuntaba igualmente el director general brasileño de la entidad que el “crédito otorgado” por la prensa paraguaya así como por dirigentes políticos locales a conclusiones “basadas en premisas –las del experto norteamericano– puede llevar a conclusiones precipitadas sobre temas complejos como la estructura de apalancamiento de las inversiones hechas en la construcción de Itaipú”.
Además, que estos hechos atentan contra “la credibilidad de sus actuales dirigentes e incluso contra la imagen institucional de Itaipú.
Violación del Tratado
...Sin embargo, las conclusiones de febrero de 2012 de la CGR paraguaya, autorizada por el Acuerdo Lugo/Lula del 25 de julio de 2009 a auditar las cuentas del ente, fueron mucho más categóricas y no merecieron reacción alguna del cancerbero implacable de los intereses brasileños en Itaipú.
De esas contradictorias actitudes se infiere que el hecho que disgustó a Samek, mejor a Brasil, fue la contratación unilateral del Gobierno paraguayo de un economista de la talla intelectual de Jeffrey Sachs para examinar y dictaminar sobre un tema (la deuda de Itaipú) que concierte exclusivamente a las Altas Partes Contratantes, o sea los gobiernos de Paraguay y Brasil, en rigor a su gobierno.
Repasemos esas conclusiones: “Desde su puesta en funcionamiento, Itaipú comenzó a operar a prueba y en forma gratuita para posteriormente hacerlo, casi siempre, a una tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad, transgrediendo desde sus inicios el Art. IV.1 (Ingresos) y el numeral III (Costo del servicio ) del Anexo C del Tratado y sus Anexos”.
Aumento indebido e ilegal de deuda
La CGR evita eufemismo, en definitiva el estilo de los diplomáticos, la vía que reclama Samek en su misiva, porque es una institución fiscalizadora: “Las consecuencias de las medidas adoptadas incidieron gravitantemente en la vida institucional y económica de Itaipú, específicamente en el aumento indebido e ilegal de su deuda que, a diciembre de 2008, ascendía a US$ 18.703.402.000, conforme se observa en el balance general de la entidad ...”.
“Esta situación –prosigue– se debió, fundamentalmente, a que las sumas no percibidas por Itaipú por la falta de aplicación de la tarifa real –es decir, la legal de acuerdo al Tratado– incidieron directamente en el aumento del pasivo de Itaipú debido a que las sumas recaudadas no cubrían el costo operacional de la misma ni suministraba los montos necesarios para el pago de las amortizaciones y cargas financieras de los préstamos tomados, según en el punto III del Anexo C del Tratado”.
Eletrobrás transfirió su déficit al ente binacional
“Lo lamentable e injusto es que el resultado de las medidas adoptadas haya sido beneficioso precisamente para Eletrobrás en detrimento de la propia entidad binacional, cuyo principal acreedor financiero siempre fue y sigue siendo la propia Eletrobrás, en su momento propiedad exclusiva del Estado brasileño y hoy empresa mixta con participación privada, que transfirió su previsible déficit financiero a la binacional que, para este caso particular es, sin duda alguna, propiedad del Paraguay y del Brasil, en equitativas partes iguales. Esta circunstancia pareciera haber sido olvidada por los integrantes paraguayos del Consejo de Administración de aquel entonces, que priorizaron los intereses del país vecino, dejando de lado los intereses del país que representaban”.
¿Responsables impunes?
La CGR no ignora a esos paraguayos que priorizaron los intereses de Eletrobrás en ese atropello con los intereses de la binacional y de Paraguay: “Queda también pendiente de juzgamiento, por autoridad competente, la responsabilidad de todos y cada uno de los representantes nacionales en las esferas decisorias de la binacional, quienes, por razones ignoradas y dando la espalda a los sagrados intereses del país –con su silencio algunos y activamente otros– supieron preservar, por encima de todo, los intereses corporativos de la entonces empresa pública Eletrobrás, es decir, del Estado brasileño”.
“Los intereses que se hubieran generado de haberse financiado la porción de la tarifa que el Gobierno brasileño no se encontraba en condiciones de pagar “serán objeto de un posterior análisis”, informa finalmente la CGR.