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El plazo que transcurre desde que se diseña y se ejecuta un proyecto es, en promedio, de 10 años. Una de las razones que más retrasa el proceso es la falta de liberación de las franjas de dominio, una situación que afecta al 90% de las obras públicas, según datos proveídos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas, señaló que los retrasos en las obras públicas encarecen esas obras y que nuestro país no puede darse el lujo de asumir esos sobrecostos.
La que calificó como una “ley marco”, establece un procedimiento según el cual el propietario de un terreno afectado por una obra pública no puede cuestionar la tasación hecha por el MOPC. Al menos esta fue la versión aprobada en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores también la aprobó, aunque modificó el artículo referente al desacuerdo que pueda darse entre dicha cartera y el propietario, referente al precio. En ese sentido, según la modificación introducida por los diputados, el propietario tendrá derecho a dirimir e instancias judiciales su desacuerdo con el MOPC.
De cualquier manera, y según el fundamento de la ley, que es la utilidad pública, los inmuebles que sean identificados como objetos de expropiación serán declarados así por decreto.
La controversia, en ese sentido, está centrada en el hecho de que la Constitución Nacional dispone en su artículo 109 que “nadie podrá ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública que será determinada en cada caso por ley”.
Los entendidos consideran que es inconstitucional expropiar genéricamente “varios” inmuebles, pues la determinación de la utilidad pública o del interés social requiere un examen particular del inmueble afectado.
Mas de 80 proyectos con dificultades
Entre las obras anunciadas por el proyecto de ley se encuentran algunas emblemáticas, como la autopista Ñu Guasu, la ampliación de la Ruta III, la construcción y pavimentación del Acceso Este a Asunción y la segunda parte de la avenida Costanera, la que incluso motivó movilizaciones de los bañadenses.
En esa lista están contenidos 83 proyectos en total, cuyos propietarios, si se aprueba la versión del Senado, deberán aceptar sin cuestionamientos la tasación que hiciera el MOPC.
Si se aprueba la versión de Diputados, los afectados tendrán derecho a recurrir en instancias judiciales, ínterin las obras ya podrán afectar sus terrenos.
Esta ley afectaría exclusivamente a los proyectos enunciados en ella. Para los proyectos viales que vayan a diseñarse en el futuro habrá que discutir la indemnización caso por caso.