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El dirigente empresarial fue consultado sobre la persistencia de la mala calidad de los gastos en el sector público, entre los cuales sobresalen los escandalosos dobles y triples aguinaldos. “En ninguna parte de la Constitución nacional y en las leyes fiscales nos obligan a pagar impuestos para triple aguinaldos, secretarias vip, etc. Los funcionarios públicos electos y administrativos tienen la obligación constitucional y moral de cuidar celosamente el dinero de quienes constituimos el Estado, considerando que circunstancialmente lo administran como gobierno de turno”, enfatizó. Al señalársele que todavía hay cierta incertidumbre en cuanto a la eliminación real de estos despilfarros en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Biedermann contestó: “Confiamos en que se eliminarán todos esos gastos, gratificaciones o aguinaldos que no correspondan y que esto se convierta calidad del gasto público en servicios”.
Cabe recordar que el viceministro de Hacienda, Ramón Ramírez, informó anteayer que el ministerio está realizando un relevamiento de datos en las instituciones que tienen presupuesto para pagar la gratificación o aguinaldo extra, a fin de asegurar que esos fondos ya no sean destinados a otros beneficios de carácter personal.
Aseguró que actualmente no existe ninguna posibilidad de que esos aguinaldos extras o gratificaciones ocasionales sean pagadas por las instituciones públicas, teniendo en cuenta la prohibición establecida en el decreto del Poder Ejecutivo.
Además, dijo que el próximo año la prohibición será establecida por ley, atendiendo que existe un proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ya solo aguarda la decisión de la Cámara de Senadores.
Reasignación
El viceministro Ramírez señaló que Hacienda plantea que los fondos para el pago de gratificación que fueron presupuestados para 2017 se mantengan y al no existir la posibilidad de desembolso en ese concepto, se reasigne a programas sociales. Puso como ejemplo que a partir del ahorro que logró Hacienda se decidió transferir al MEC unos G. 7.500 millones (US$ 1,3 millones) para el programa complemento nutricional. Sin embargo, no hay seguridad de que ello vaya a ocurrir en todos los casos.