Más de 100 comunas ya accionaron contra ley de inspección vehicular

Las comunas objetan que esta facultad es trasladada a empresas privadas y que reciben un porcentaje ínfimo por las verificaciones.Solamente en la mañana de ayer, la Sala Constitucional de la Corte recibió unas 30 acciones dirigidas contra la Ley Nº 3850 y el Decreto reglamentario Nº 6139/11, por los cuales se obliga a todos los propietarios de vehículos del país, a someter a la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para así obtener la habilitación de rodados.   

Hasta el martes había unas 66 acciones (ver info), y ahora suman más de 100 las inconstitucionalidades  ante la Corte, que aún no fueron admitidas. Solamente la inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de Asunción, en marzo del año pasado, está en trámite.   

El fiscal adjunto Jorge Sosa al recibir el traslado de la acción de la comuna capitalina solicitó que antes de expedirse la Fiscalía, debía corrérsele traslado a la Dinatrán para que emita su dictamen.

Sin embargo, desde setiembre del año pasado la Corte tiene la providencia para el traslado a la Dinatrán, sin que hasta ahora se haya corrido traslado.

La comuna asuncena no ha mostrado interés en la acción que promovió. En abril próximo la acción caducará si no es impulsada, indican desde la Corte.

Medida cautelar aún no fue concedida   

Hasta ayer, la Sala Constitucional de la Corte no había concedido como medida de urgencia la inaplicabilidad de la ley atacada de inconstitucional.

El  titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) e intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez, había manifestado que la ley priva a los municipios de percibir por la inspección vehicular.

"Esta ley es atentatoria contra la propia Constitución Nacional, desde el momento en que una entidad o institución pretende apropiarse de rentas municipales, la inspección técnica vehicular es una renta municipal. También socava la autonomía municipal al transferir a otras instituciones competencias comunales", había dicho  Núñez.

Solo el 5% de lo percibido por la inspección será remitido a los municipios, otro 5% a Dinatrán, 5% a Setama y el resto a las empresas concesionarias.

Tan solo 19 talleres para realizar las inspecciones fueron habilitados para cubrir la demanda en todo el país. Sostienen  que esta cantidad es insuficiente.

Otro punto objetado   es el alto costo de la inspección vehicular. Unos  G. 210.000 deben pagar los dueños de vehículos livianos. El precio se incrementa si se trata de  camiones.