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Peña explicó que no existen recursos para ampliar gastos a ser cubierto con recaudación impositiva, por lo que solo pondrán a consideración del Parlamento las ampliaciones que se financian con préstamos y recursos propios de las instituciones.
Hacienda tenía plazo hasta ayer para remitir al Legislativo los pedidos, de hecho varias ya fueron enviadas con anterioridad correspondiente a préstamos.
Con respecto al incremento salarial para el próximo año, insistió en que desde el Ejecutivo no se considera esta posibilidad porque no están dadas las condiciones establecidas en la ley de Responsabilidad Fiscal ni se tienen los recursos para ello.
En ese sentido, el ministro recordó que un eventual aumento general del 10% para los funcionarios costará unos US$ 300 millones a los contribuyentes.
“Entonces, qué va a acontecer si se aumenta el salario del sector público, lo que vamos a tener que sacrificar son los programas sociales, construcción de viviendas, inversiones. Ahí es donde tenemos que tomar probablemente una decisión o la instancia política que es el Congreso va a tener que tomar esa decisión. Si se quiere que primen los intereses de un pequeño grupo o que primen los intereses de toda la población”, enfatizó Peña.