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El funcionario señaló que incluso hay casos reincidentes, cuyos responsables evitan la cárcel con medidas alternativas.
En un informe reciente de la Secretaría del Ambiente (Seam) veíamos cómo en solo seis meses se deforestaron más de 25.000 hectáreas en la región Oriental, donde rige la Ley de Deforestación Cero, que prohíbe el cambio del uso de suelo.
Sin embargo, hasta ahora no existe una sola persona que haya pisado la cárcel por delitos ecológicos, según manifestó el presidente del Instituto Forestal Nacional (Infona), ingeniero forestal Rolando de Barros Barreto.
“En la fiscalía prácticamente no hay una persona hasta hoy día que haya ido presa por delinquir y afectar directamente el ambiente. La Fiscalía yo sé qué está haciendo para modificar eso también, sé que están adaptando y esforzando por poder, en forma coordinada, manejar un mismo criterio entre las instituciones que trabajamos en la lucha contra la deforestación”, sostuvo el titular del Infona.
Añadió que la idea es que tanto la Seam, el Infona y la Fiscalía actúen, multen y sancionen de la misma forma, con un mismo criterio técnico y jurídico para poder detener los crímenes al medio ambiente.
“Pero hasta ahora todavía no hemos podido mandar preso a nadie por un acto de deforestación masiva que se ha dado en el país”, insistió.
Apuntó que la ley prevé penas carcelarias, pero con medidas sustitutivas. Hoy día, en la práctica, el que delinque puede evitar ir a la cárcel.
Agregó que apoya la intención de elevar las sanciones pecuniarias y administrativas. “La Seam como en el Infona, solo somos entes administrativos, y podemos revocar licencias y aplicar sanciones administrativas y es la Fiscalía la que actúa en lo penal”, acotó.
Recalcó que “se tienen que elevar las multas para que verdaderamente incida en el bolsillo de las personas que están delinquiendo y deforestando, porque muchas veces ya incluyen en sus costos de producción las multas y tranquilamente pagan los montos que se les impone y nada más, entonces si deforestan cinco hectáreas, que le cueste y le perjudique a esa persona que está actuando de forma totalmente ilegal”.
En ese sentido, recordemos que la ministra de la Seam, Lic. María Cristina Morales, anunció que se está poniendo a punto el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se elevará el monto máximo de las multas por delitos ambientales, de US$ 25.000, que se cobra actualmente, a US$ 300.000.
Por otro lado, De Barros Barreto comentó que existen varios casos reincidentes y que inclusive estos son los más graves. “Son propiedades que hemos intervenido en más de tres o cuatro oportunidades, una de ellas creo que es la propiedad de Teixeira (Ulisses Rodrigues) y otra es la estancia La Yeya (ex Yambay), donde ya hemos realizado todo lo que es la parte administrativa, pero no somos una institución coercitiva, es decir, no podemos nosotros detener las topadoras o las maquinarias agrícolas, pues eso ya tiene que ser con una acción de la Fiscalía”, enfatizó.
Finalmente, De Barros Barreto aseguró que el Infona prepara un informe sobre la cantidad de intervenciones hechas a lo largo y ancho del país y los sumarios administrativos aplicados hasta ahora bajo su administración, las sanciones en montos de guaraníes y las sanciones de recomposición de bosques.