Nuevamente fracasó plan del oficialismo

El plan de aplazamiento por tiempo indefinido del proyecto de subsidio a los campesinos, propuesto por el oficialismo finalmente no prosperó y tras un largo debate y de incidentes fuera del Congreso, la solicitud fue rechazada.

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El diputado Clemente Barrios (ANR) fue el encargado de solicitar a sus colegas el aplazamiento del proyecto de rehabilitación financiera (aprobada ayer) con el fin de crear un equipo que analice la situación de deuda de los solicitantes, y hacer un listado de los que recibirían el subsidio estatal.

De esta forma, el oficialismo colorado perdió, una vez más, en su intención de que el proyecto de subsidio sea postergado. La misma suerte también corrió con el proyecto de Ley que declara en emergencia nacional la agricultura familiar campesina, que fue aprobado horas antes durante la sesión de la Cámara Baja.

La Ley sancionada por el Congreso que declara la agricultura familiar campesina en estado de emergencia, en el artículo 2° obliga a los ministerios e instituciones dependientes del poder Ejecutivo a adoptar todas las medidas conducentes para cooperar con las familias que se dedican a la agricultura familiar, mediante asistencias técnicas y crediticia oportuna, como asimismo, para que se impriman medidas de carácter sanitario, ambiental, de asistencia social.

Autorizan violación de la Ley

Por otra parte, en el artículo 3° de la misma Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, expresamente y con carácter excepcional a los dispuesto en la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, y la Ley No. 5.554/16 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación, a preparar las modificaciones y/o ampliaciones prespuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

Esta expresa autorización para violar la Ley de Administración Financiera, da incluso pie a la posibilidad de un endeudamiento, fuera de los límites establecidos, lo que además podría incrementar el riesgo de un déficit fiscal por encima del 1,5% del PIB.

En lo que respecta a la Ley de Rehabilitación Financiera, establece que los beneficiarios podrán ser nuevamente sujetos de créditos, e igualmente autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar modificaciones por encima de lo previsto en las Leyes del Presupuesto y de Administración Financiera.

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