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En noviembre del año pasado, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) le entregó en concesión por 20 años una parte del Puerto de Villeta a un grupo de empresarios argentinos nucleados en GREGSER-PTP WARRANT SA.
La entrega no pasó por el Congreso, como dispone la Constitución Nacional para todos los casos de concesiones por parte del Estado, y tampoco hubo licitación o concurso de precios.
El día en que se dio inicio a las operaciones, en noviembre pasado, el presidente Horacio Cartes y sus ministros estuvieron en el puerto en cuestión, ocasión en que también el titular de la ANNP, Héctor Duarte, dijo que esta “alianza estratégica” se enmarca en la Ley de Alianza Público-Privada (APP); una ley que dispone que las concesiones otorgadas en el marco de ella no pasen por el Congreso, pero sí por una serie de procedimientos, entre los cuales se encuentran la precalificación y la licitación, que no hubo en este caso.
La misma página web de la Presidencia de la República publicó la información del inicio de las operaciones bajo el título “ANNP da inicio a operación conjunta en Villeta, en el marco de la Alianza Público Privada”.
Hasta el día de hoy no hay un solo proyecto APP que haya sido adjudicado, lo que según la Secretaría Técnica de Planificación (STP) es comprensible, pues las concesiones por APP se otorgan por plazos largos, y por ende, se deben analizar cuestiones complejas.
Cuando se le requirieron explicaciones al vocero del directorio, el abogado Gregorio Lezcano, sostuvo que no fue necesario un estudio del tema en el Congreso y mucho menos una licitación, porque en este caso hubo una “alianza estratégica”. “Ellos son nuestros aliados, trabajamos de forma conjunta. Solo ocupan un sector”, dijo.
Explicó que el contrato se firmó por iniciativa de la empresa, que sugirió este acuerdo en marzo del año pasado, y que se negoció durante meses posteriores.
Como representantes de la empresa figuran Hugo
René Gordone, Guillermo Misiano y Luis A. Leo. En una entrevista reciente en nuestro país aseguraron que invertirán US$ 8 millones en el puerto, pero su contrato con la ANNP les obliga a introducir obras por solo US$ 4 millones, según Lezcano.
Exclusividad
El puerto de Villeta tiene exclusividad para el ingreso de determinadas partidas arancelarias, como el caso de algunos agroquímicos, que en la práctica reportan millonarios ingresos.
Viola la Constitución
La Constitución Nacional dice claramente en el artículo 202, inciso 11, que “es deber y atribución del Congreso autorizar las concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales”.
pcarro@abc.com.py