Piden auditar millonaria donación para LT 500 kV

Por medio de una nota dirigida al contralor Óscar Rubén Velázquez, los industriales metalúrgicos solicitan la realización de un examen especial a la donación de unos US$ 13 millones por parte de la Unión Europea.

Según expresan en su escrito, el proyecto de ley aprobado por el Senado no posee ningún dictamen de la CGR, tal como lo establece el Art. 9° de la Ley N° 276/93, referente a los deberes y atribuciones del organismo contralor.

“Lo llamativo de esta supuesta donación es que dice que contribuirá a la línea de transmisión de 500 kV Yacyretá-Villa Hayes para la reducción de las pérdidas y el acceso a la energía; mientras que existen también otros préstamos de bancos internacionales por millones de dólares y euros para el mismo proyecto”, afirma el titular del CIME, Ramiro Vargas Peña. Agrega que todos estos montos son administrados por la ANDE “sin que la ciudadanía sepa su destino, ni si estas donaciones ingresan al Presupuesto General de la Nación”.

El empresario afirma que “no existe ningún control sobre estas donaciones ni si las mismas son utilizadas correctamente”, concluye la nota del CIME que tuvo entrada el pasado 22 de mayo en la CGR.

Licitación en curso

La licitación para la construcción de la segunda línea de 500 kV sigue su curso normal bajo la modalidad “llave en mano”, que incluye las obras, el montaje y suministro de todas las estructuras metálicas y equipamientos para el tendido.

La construcción de la segunda línea de 500 kV, entre Ayolas y Villa Hayes, tendrá un costo total estimado de US$ 297 millones y el llamado se divide en cuatro lotes: Lote 1: la LT 500 kV Yacyretá-Ayolas (16 km) y la LT 500 kV Ayolas-Paraguarí (157 km). Lote 2: la LT 500 kV Paraguarí-Villa Hayes (189,9 km). Lote 3: Ampliación de la Subestación de Ayolas 500 kV. Lote 4: Ampliación de la Subestación Villa Hayes 500/220 kV. Para financiar la obra, la ANDE obtuvo créditos de tres organismos financieros internacionales: US$ 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); US$ 100 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros US$ 50 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).