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La jefatura policial de Alto Paraná tiene un notable apuro por ejecutar una orden judicial de desalojo.
El comisario general Jorge Fernández Arévalos envió 50 efectivos a la colonia Tapeporã, en el distrito de San Alberto.
Los uniformados recibieron la misión de desalojar a 47 familias que viven en la colonia.
Los colonos rápidamente se movilizaron en procura de que la orden no sea cumplida y pidieron auxilio a las autoridades locales.
El intendente municipal de San Alberto, Carlos Ramírez, de inmediato solicitó la intervención de autoridades departamentales en apoyo a los colonos.
Cuando los jefes policiales tienen interés en llevar adelante un operativo en particular se mueven con rapidez y no se preocupan por violar el protocolo de intervención en desalojos.
La orden judicial, en poder del oficial de justicia Carlos A. González, expresa que las fincas que son objeto de intervención deben ser entregadas al señor Heriberto González.
El problema es que Heriberto González murió a mediados del año 2008.
Dictamen en contra
La asesoría jurídica de la comandancia de la Policía Nacional emitió dictamen con respecto a una posible intervención policial.
La asesoría jurídica rechazó la participación policial porque la sentencia en contra de los colonos no está firme y en estos casos no puede llevarse a cabo un desalojo debido a que el proceso judicial sigue su curso.
Y el otro punto clave en el dictamen es que no se tiene individualizada a la persona a quien entregar la posesión.
El “beneficiario” murió en el año 2008 y el inmueble en cuestión no fue denunciado en la sucesión.
La jefatura policial de Alto Paraná no tiene facultad para tomar decisiones fuera del ámbito estrictamente judicial y no puede tomar la iniciativa de entregar la posesión de 700 hectáreas porque el titular de la orden de desalojo está muerto.
La asesoría jurídica policial dictaminó que se debe aguardar una sentencia firme para tomar intervención.
Aparece un nuevo título
La colonia Tapeporã fue creada por el entonces Instituto de Bienestar Rural, actual Indert; se habilitó la colonización en los primeros meses de 1980.
Buena parte de los colonos llevan viviendo allí 40 años y el promedio de afincamiento es de 25-30 años.
El IBR entregó títulos de propiedad y la documentación de los 47 colonos está en regla aunque algunos de ellos quedaron con los recibos de pago de las cuotas.
Tapeporã ocupa una superficie de 700 hectáreas tal como en el momento de su habilitación.
El problema surgió con la aparición de un título de propiedad en manos de un ciudadano filipino, cuyo nombre no aparece en la Dirección Nacional de Migraciones como radicado en el país. No se sabe nada este personaje.
El filipino “vende” 700 hectáreas en San Alberto, Alto Paraná, al paraguayo Ángel Chamorro.
Chamorro, a su vez, vende el documento a Heriberto Lezcano y al abogado Eitel Edelmiro Khron Gysin.
Chamorro, antes de vender, realiza una mensura y las 700 hectáreas del filipino “caen” justito en la colonia Tapeporã, del IBR.
A partir de ese momento hay una sucesión de hechos que no hacen otra cosa sino reflejar la fragilidad de nuestra justicia.
roque@abc.com.py