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El Ejecutivo establece que el “programa de retiro incentivado” estará dirigido a funcionarios que no ocupan cargos gerenciales dentro de la estructura orgánica institucional iguales o superiores a jefes de departamentos, aquellos que en los dos últimos años no hayan ocupado dichos cargos o aquellos a los que una situación delicada de salud les impide trabajar.
Cuando se introdujo la figura del retiro voluntario fue con la intención de disminuir el presupuesto destinado a servicios personales y el número de cargos en la administración pública, de tal manera a reducir la presión que representa el gasto salarial sobre las finanzas públicas, teniendo en cuenta que hoy el 78% de los ingresos tributarios se destinan a sueldos y otros beneficios y no queda mucho margen para financiar gastos prioritarios o de inversión en infraestructura.
La intención, sin embargo, choca con la realidad, porque en la mayoría de las instituciones los cargos vacantes fueron llenados de vuelta, principalmente por motivos políticos. El propio Gobierno actualmente continúa realizando nombramientos en las diferentes instituciones públicas.