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El borrador, que fue sometido a consulta pública por Conatel entre los meses de abril y mayo de este año, en su artículo 36, señala que “los servicios básicos se prestan mediante concesión hasta el 14 de mayo de 2022 y con posterioridad estará sujeta a la obtención de la licencia”.
Al respecto, la Copaco del Estado envió un documento al ente regulador en el que exigía la modificación del artículo mencionado y que se incluya, por lo menos, que la concesión de licencias se produzca “cinco años después de que entre en vigencia la nueva norma”.
Si ese artículo se modifica, la telefónica estatal tendría algunos años más para continuar con su actual monopolio.
La cantidad de usuarios del servicio básico ronda los 320.000, mientras que de la telefonía inalámbrica unos 60.000. Debe destacarse que esta modalidad de servicio se sostiene económicamente porque la prestadora cobra al usuario un monto fijo mensual de G. 27.500, lo aproveche o no.
Otra objeción de Copaco al proyecto se relaciona con la licencia única para todos los servicios de telecomunicaciones, que también cuestionan los operadores de la televisión prepaga. También rechaza la creación del Consejo de Radiodifusión por conflicto de intereses y que las licencias duren 15 años. Aconseja que reduzcan a 10 años las concesiones y a cinco las licencias. Entre los licenciatarios solo Copaco envió sus cuestionamientos sobre el proyecto de ley.
El borrador del proyecto de modificación de la Ley 642/95 fue elaborado por la consultora Peroni, Sosa, Telechea, Burt & Narvaja, con técnicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de Conatel.