“Siendo parte del Gobierno no puede decir que no estaba en conocimiento. Él –Juan Carlos Ramírez Montalbetti– sabía perfectamente de la operación e incluso cuando entró al Indert, había dicho que todo estaba en regla, por lo que llama la atención ahora su radical cambio de postura”, dijo el abogado Luis Ortigoza, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Ramírez Montalbetti, en rueda de prensa el pasado viernes, afirmó tajantemente que las tierras de San Agustín (ligado al senador oviedista Jorge Oviedo Matto) no debieron comprarse por sobrefacturación, por no ser aptas para la agricultura y por la derogación de la expropiación y acusó directamente a Luis Ortigoza, de ser el responsable de la operación que significó un desembolso de casi G. 47.000 millones por el 80% del precio total de la propiedad.
“Supongo que las declaraciones de Ramírez Montalbetti son a título personal y como una opinión suya porque ni siquiera el informe al que se refiere dice lo que él dijo en la rueda de prensa”, manifestó Ortigoza, quien insiste en que todo lo actuado fue “en estricto cumplimiento de la ley”.
Cuestiones jurídicas
Por su parte, el abogado defensor de Ortigoza, doctor Álvaro Arias, también señaló que las declaraciones de Ramírez Montalbetti están “totalmente fuera de lugar y ni siquiera se acerca a la realidad”. “Él dice que el precio de las tierras fue sobrefacturado y nosotros descartamos eso totalmente y sostenemos incluso que fue un precio razonable porque en los distritos de Loma Grande se vende a 31 millones de guaraníes la hectárea, en Nueva Colombia a 22,5 millones la hectárea y en Altos a 85 millones de guaraníes por hectárea, y estas zonas son colindantes a la propiedad de San Agustín que se vendió al Indert en 10,5 millones de guaraníes la hectárea, por lo que no se puede hablar de sobrefacturación”, señaló Arias.
“Por otro lado –dijo– aseguramos que, contrariamente a lo que dice Ramírez Montalbetti, de que son tierras no aptas para el cultivo, la propiedad es muy rica para la agricultura y eso está agregado al proceso”.
“Y, además, nosotros sostenemos que hace 17 años, el Congreso declaró de interés público estas tierras y le expropió a San Agustín, le despojó y nunca la firma fue beneficiada con un solo guaraní hasta que el Indert finalmente le paga lo que realmente vale la propiedad. En el 96 se expropia y a raíz de eso se ocupa la propiedad y en el año 2000 el mismo Congreso deroga la expropiación, pero con los ocupantes adentro por lo que San Agustín se vio obligado a ofrecer en venta al entonces IBR y se siguió todo el proceso”. “Nosotros defendemos la legalidad de la operación y estamos seguros de que se trata de la instrumentación de la justicia al servicio del poder político”, afirmó Arias.
Cabe mencionar que existen fuertes sospechas de que la compra del inmueble por parte del Indert fue el pacto que selló la alianza libero-oviedista para lograr el voto útil del Unace a favor del PLRA en las últimas elecciones generales.