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Para las empresas constructoras puede resultar más atractivo ejecutar algunas de las obras públicas mencionadas en la Ley 5074/13 que hacerlo mediante la alianza público privada (APP).
La diferencia que existe a su favor entre uno y otro régimen es que la normativa en cuestión les otorga como garantía de esas obras los fondos de cajas previsionales, las que a su vez son garantizadas con recursos de las reservas monetarias internacionales.
Además, con este régimen se acortan los plazos tanto para las constructoras como para el Estado. El que diseña el proyecto ejecutivo es el contratista proponente.
“En lo que ganan es en el cortísimo plazo de adjudicación y la eficiencia en la construcción, porque él mismo (el constructor) hizo el diseño”, explicó el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Guillermo Alcaraz. Según él, lo que evitará que todas las empresas constructoras quieran acogerse solo a este régimen es que el que decide es el Estado y difícilmente las tasas de interés que les ofrezcan sean mejores que las que otorgan entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Entre los proyectos que se ejecutarán bajo esta modalidad y que están en el listado se encuentran el tramo Carmelo Peralta-Pozo Hondo y otros 92 tramos (ver facsimilar). También están en lista puentes, puertos y aeropuertos.
Por APP, menos de 20
Los proyectos de infraestructura a ser financiados por APP hasta el momento no son más de 20. Figuran la ampliación de aeropuertos e hidrovía y la reconstrucción de la Transchaco.
No obstante, la Ley 5074/13 también menciona los aeropuertos y los tramos en cuestión de la Transchaco, lo que deja prácticamente a elección de las contratistas elegir entre una y otra modalidad.
El viceministro aseguró que hasta hoy todos son proyectos, pero que no hay en marcha licitaciones por alguno de estos dos sistemas.
Riesgo
El riesgo radica en que las obras que se acojan a la modalidad prevista en la Ley 5074 contarán con la garantía soberana del Estado.
La segunda cuestión es que la normativa autoriza a las entidades previsionales oficiales del país a financiar obras y servicios, aclarándose que todos estos fondos contarán con garantía de las reservas monetarias.