Senavitat sería incapaz de terminar complejo, opinan

La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) “no tiene la cintura operativa que posee el sector privado para ejecutar este tipo de emprendimientos”, manifestó el titular de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), el arquitecto Castorino Rojas, en referencia al plan de adquisición del complejo de Mariano Roque Alonso por el ente, para ofrecer apartamentos a la clase media. De hecho, la institución tiene más de 85 proyectos atrasados, que en suma totalizan 3.000 viviendas. Según el gremio, es urgente que Instituto de Previsión Social (IPS) convoque a un concurso de ofertas para asegurar la competitividad.

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–A Senavitat no le cierran aún los números, pero ya adelanta que las cuotas de los apartamentos en el complejo de Mariano serían de G. 1.500.000. ¿Cómo es posible?

–El precio de cada apartamento a US$ 40.000 como adelantó Soledad Núñez (ministra de Senavitat) es un monto cumplible, según precios que estima la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Sin embargo, teniendo en cuenta el costo del terreno (US$ 26 millones) y el precio al que se ofertarán las unidades, no es un proyecto rentable. Además, es muy prematuro hablar de cuotas a ese monto en una etapa tan incipiente del proyecto. Puede que para hacerlo, Soledad Núñez tenga otros elementos que aún no ha dado a conocer.

–¿Por qué no es rentable?

–Para este tipo de proyectos, la incidencia del terreno no debería ser mayor al 8 o 10 por ciento del valor de la unidad. Si la propiedad cuesta US$ 26 millones y Senavitat venderá cada unidad a US$ 40.000, tenemos que en promedio por cada apartamento se pagará US$ 6.500 por el terreno, es decir, la incidencia es del 16%.

–¿Le parece que IPS debería, como primera medida, hacer un concurso de precios?

–En salvaguarda de los intereses de los asegurados, a quienes pertenece el patrimonio de IPS, y para asegurar la competitividad en precios, Previsión debería llamar a un concurso.

–Pero el consejo del IPS parece empecinado en venderle el complejo a Senavitat, dice que no hay otro oferente.

–Yo creo que en el sector privado existen suficientes actores que podrían potenciar aún más ese proyecto, como un complejo habitacional que adicionalmente tenga otros componentes que lo hagan más atractivo. Aprecio el trabajo de Soledad Núñez al frente de Senavitat, pero si nos remitimos a los antecedentes, esa institución no tiene la cintura operativa que posee el sector privado para ejecutar ese tipo de emprendimientos.

Estamos hablando de un programa de gran envergadura.

–¿Qué otros componentes se podrían incluir?

– Este complejo está situado en una zona estratégica y podría ser un proyecto habitacional muy exitoso si es ejecutado de manera eficiente. En Florida, Estados Unidos, hay proyectos de este tipo que han sido muy exitosos, y en los cuales se incluyeron centros de consumo que abastecen a ese mismo grupo habitacional y, por ende, al incorporar estos componentes el proyecto se vuelve aún más rentable.

–El interés de Senavitat en el complejo se centra en la falta de opciones que tiene la clase media para adquirir una vivienda.

–El sector privado tiene interés en invertir en ese segmento tan importante, que es el sector de clase media.

La visión que se tiene actualmente es que solo se construyen apartamentos de lujo, pero eso es algo que está cambiando. Las empresas constructoras están cada vez más interesadas en invertir en ese sector tan importante para la economía. No sé si estamos hablando de apartamentos con cuotas de G. 1.500.000, quizá un poco más, pero sí es verdad que el interés existe y será cada vez más visible.

–La Senavitat dice que espera la tasación del Ministerio de Obras Públicas para conocer el valor de mercado, ¿puede una institución pública dictaminar sobre ese valor?

–La Senavitat puede encargar todas las tasaciones que quiera, pero ese complejo le pertenece al IPS y la única tasación válida es la que el ente previsional realice. Además, en salvaguarda del interés de los asegurados, el consejo de la previsional debería asegurar la mayor transparencia posible en el proceso y el único mecanismo para que eso se logre es el concurso de ofertas, y que la Senavitat compita con oferentes del sector privado.

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