La situación es gravísima y, al parecer, las autoridades nacionales no están dimensionando el problema, señaló Francisco Griñó. Si este fin de mes no se encuentra una solución efectiva, el escenario será crítico para julio, aseveró.
El constructor, propietario de la firma TyC, tiene certificados de pago pendientes desde octubre y en otros desde diciembre. Entre las obras de esta empresa figuran la Costanera de Asunción y el asfaltado del tramo Presidente Franco-Hernandarias, encarados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Queremos que Hacienda se sincere, que nos diga ‘estos son los fondos disponibles y estas son las obras que podrán terminarse y estas otras, no’, para que cada uno trabaje en la medida que pueda. Hace dos meses nos dicen que van a solucionar el caso, pero hasta ahora no nos solucionan. Nos están dejando a la deriva”, enfatizó.
Añadió que para colmo de males, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, ni siquiera recibe a los empresarios de este rubro: “Es muy informal e irresponsable de su parte no sincerarse con el sector de la construcción, sabiendo que este sector distribuye ganancias muy rápidamente a la economía”.
Por su parte, Carlos Tatton, titular de la empresa Constructa SA, señaló que la situación se está volviendo insostenible. “Disminuimos el ritmo de las construcciones, reducimos el número de obreros y cuando no podamos más económicamente, pararemos las obras”, dijo.
Esta empresa se encarga de la construcción de empedrados en La Colmena-Ybytymí, en Itapé-Villarrica y también el emblemático acueducto para el Chaco, que no avanza porque no hay dinero para comprar tubos.
Según lo señalado por el empresario, las firmas están manteniéndose con millonarios préstamos que hicieron de los bancos, ante el anuncio del Gobierno nacional de numerosas inversiones en infraestructura.
El ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, se destacó por las paladas iniciales realizadas a lo largo y ancho de todo el país, actos que fueron meros gestos propagandísticos, porque esas obras están a un paso de paralizarse, expresó. “No sabemos qué pasa con la recaudación de Aduanas. No sabemos qué pasó con la plata del Fonacide, los US$ 250 millones. Pedimos audiencia con el ministro de Hacienda para que nos explique qué está sucediendo, pero no tenemos ninguna noticia de él”, dijo.
Según Tatton, nunca antes se llegó a una situación igual, en la que es tanto el retraso en los pagos y tanta la escasez de fondos, que Obras Públicas se niega a recibir nuevos certificados. Hasta el momento, está pendiente el pago de más de G. 400.000 millones a las contratistas.
100.000 obreros afectados
Todas las obras de infraestructura encaradas por los diferentes organismos del Estado emplean a alrededor de 100.000 obreros, según la estimación de la Capaco. De ahí la urgencia por conseguir fondos para las construcciones públicas, ya que no hacerlo, todos estos compatriotas se verán perjudicados.
El gremio pone en duda el argumento de la falta de fondos por baja recaudación; no obstante, tiene algunas propuestas para paliar la situación. Por ejemplo, utilizar el dinero de los bonos para obras iniciadas y no para las nuevas, de modo a terminar y no dejar a medias los trabajos. Otra opción es concesionar las Rutas II y VII y usar el dinero previsto para estas para otras construcciones.