La existencia de esta investigación se filtró a la prensa hace unos días, pero hasta ahora no se habían publicado nombres.
Según un memorándum confidencial de enero de este año, preparado por el “Equipo Técnico de Investigación” (no se aclara de qué institución, probablemente de la Superintendencia de Bancos) para la Fiscalía General del Estado, están siendo revisadas miles de operaciones de cambio y transferencias para supuesto pago de proveedores en el exterior de las empresas Braex S.A. (Julio Macedo), Strong S.A. (?), Manhattan S.A. (Satish Bhagwandas Jhamnani), Nuñe S.A. (?), MH S.A. (?) y American S.R.L. (Alberto da Silva), registradas como importadoras.
Las averiguaciones abarcan movimientos de 2011, conforme al siguiente detalle: 284 operaciones a través de Banco Continental por 10,3 millones de dólares; 2.502 operaciones a través de Banco Sudameris por 156 millones de dólares; 1.881 operaciones a través de Banco Regional por 72 millones de dólares, y 1.410 operaciones a través del BBVA por 102 millones de dólares.
Forex S.A.
También aparece un nexo con la casa de cambio Forex Paraguay S.A., propiedad de Gustavo Céspedes, a raíz de una denuncia de una de sus ex funcionarias, Nélida Reyes, el 2 de noviembre de 2011. Nélida informó a la Superintendencia de Bancos acerca de volúmenes inusitadamente altos de operaciones de cambios realizadas a través de esa firma y sobre posibles operaciones sospechosas de transferencias al exterior.
Forex Paraguay S.A. ya había sido sometida poco antes a una inspección general por resolución del 28 de julio de 2011 de la Superintendencia, entonces a cargo de Édgar Paredes, pero esa inspección terminó sin resultados.
Pantalla
Nélida Reyes relató que se montó todo un esquema de “pantalla” con importadoras de portafolio con el fin de canalizar a través de bancos de plaza el cambio a dólares de enormes cantidades de reales brasileños que circulan en la frontera, para su posterior depósito en cuentas legales paraguayas o su transferencia al exterior.
Los investigadores señalan que los bancos, por política interna, normalmente no trabajan ni con casas de cambio ni con cambistas de la calle. Esto hace difícil colocar, y mucho más transferir, el gran volumen de reales que traen los sacoleiros para hacer sus compras o (aunque esto el memorándum no lo dice) el dinero en efectivo que ingresa a la frontera con la específica intención de introducirlo a la máquina de lavado.
Para sortear este obstáculo, se sospecha que se recurrió a las mencionadas empresas inscriptas como importadoras, todas ellas con operaciones bancarias regulares y cuentas corrientes en los bancos.
Según Nélida Reyes, todas las empresas citadas están de alguna manera vinculadas con Ramón Felipe Duarte Villalba, dueño en Ciudad del Este del estudio contable Manager, inscripto como perito en la Corte Suprema de Justicia y como auditor externo en la Subsecretaría de Tributación
Modus operandi
De acuerdo con la investigación, Ramón Duarte, en sociedad con el señor Tai Wu Tung, y a través de Forex Cambios S.A., franquicia de Forex Paraguay S.A. de Gustavo Céspedes, “acopian” reales en la frontera y se los entregan a las empresas citadas, que emiten facturas de venta al contado, abonan el IVA correspondiente y justifican así ese dinero como ingresos provenientes de operaciones comerciales.
Con las respectivas declaraciones juradas impositivas, depositan los reales en bancos de plaza en Paraguay, los cambian a dólares y, por lo general, los transfieren al exterior supuestamente para el pago de proveedores, con lo cual se completa el círculo.
Los bancos
Los bancos, por ley, tienen la obligación de tomar precauciones para cerciorarse del origen lícito de los fondos depositados por sus clientes. Estos deben estar debidamente registrados, la entidad debe conocer su perfil y debe haber un seguimiento y un cruzamiento de datos por parte del gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento.
Si completados esos procedimientos, la entidad encuentra que existen inconsistencias entre los montos depositados y el nivel real de operaciones del cliente, entonces el banco está obligado a hacer un reporte a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dependiente de la Presidencia de la República.
Algo típico, por ejemplo, es comparar el volumen de ventas declarado con el volumen y origen de los bienes importados a través de la Oficina Consultiva y de Investigación Técnica (OCIT), una base de datos internacional donde figuran las operaciones de comercio exterior. Si se declaran ventas muy superiores a las que corresponderían a los bienes realmente importados, entonces el banco debe informarlo a la Seprelad para que esta tome los recaudos correspondientes.
Según los bancos consultados, fueron justamente sus informes a la Seprelad los que dieron inicio a la presente investigación. Señalan que se sienten tranquilos con su proceder y que están esperando los resultados.
“Estamos tranquilos”
Rafael González Moya, presidente ejecutivo de BBVA Paraguay, dijo que un reporte no significa que automáticamente esté vinculado a algún tipo de delito, “desgraciadamente, a veces el hecho de que se presente un reporte ya se entiende como que está pasando algo raro. El sistema debe aprender que es muy útil que se reporte, y se le dé el tratamiento adecuado”.
Raúl Vera Bogado, del banco Regional, señaló que tanto la SIB como la Seprelad tienen una mayor capacidad de investigación a partir de las nuevas regulaciones y que este avance en la aplicación de las nuevas normas es posible precisamente gracias a las informaciones que suministran los bancos. “En los próximos años va a ser normal”, acotó.
Para Germán Rojas, del Banco Sudameris, por primera vez se ven los resultados de las medidas de controles que se aplican en un marco regulatorio relativamente nuevo. “Confiamos en nuestros esquemas preventivos y de alerta del banco, y en ese sentido estamos tranquilos y confiados”, concluyó.
La SIB da plazo de 10 días
El superintendente de bancos, Nelson Valiente, señaló ayer a nuestro diario que la primera parte del examen practicado a las intermediarias afectadas por este caso ya concluyó y que las mismas fueron notificadas sobre el resultado de la auditoría, con las observaciones en cada caso. Según explicó, las intermediarias tienen un plazo de 10 días a partir de la comunicación de la SIB para hacer los descargos correspondientes, con las justificaciones respecto a algunas inconsistencias que se encontraron durante el trabajo, adjuntando las documentaciones respaldatorias que permitan justificar las operaciones.
Seprelad confirma reporte de bancos
Por su parte, el titular de la (Seprelad), Óscar Boidanich, confirmó que los bancos mencionados cumplieron con la obligación de reportar las operaciones que consideraban con marco de sospecha, datos que sirvieron de base a la secretaría para iniciar las averiguaciones a fin de determinar si dichas operaciones provienen de algún hecho delictivo.